*Dejó “muy avanzada” la investigación del asesinato del
perredista, afirma López Rosas
*Sostiene que en su gestión iban en la “línea correcta para
conocer la verdad”, pero no terminó de corroborar la declaración del comandante
de la Policía Ministerial
*“Una declaración no es prueba plena”, dice el procurador
Iñaky Blanco
*Serio, el señalamiento contra Torreblanca, afirma Martha
Obeso y recuerda que ha pedido que se le llame ante el MP
*Aguirre tiene que culminar la investigación y encarcelar al
ex gobernador: Rumbo
*En homenaje al diputado, exigen castigo a crímenes contra
luchadores sociales
Zeferino fue señalado por el comandante Zamora Rojo,
confirma el ex procurador López Rosas
*Afirma que dejó “muy avanzada” la investigación del
asesinato de Armando Chavarría. Sostiene que en su gestión iban en la “línea
correcta para conocer la verdad”, pero no terminó de corroborar la versión
contra el ex gobernador
El ex procurador y actual secretario de Trabajo y Previsión
Social,
Alberto López Rosas, confirmó que el comandante de la Policía
Ministerial, Trinidad Zamora Rojo, declaró ante el Ministerio Público que el ex
gobernador Zeferino Torreblanca Galindo ordenó el asesinato del diputado
Armando Chavarría Barrera, y aunque dijo que dejó la investigación “muy
avanzada” e iban en la “línea correcta para conocer la verdad”, subrayó que no
terminó de corroborar esa versión.
“Conocí la versión en su momento, pero es una versión que
tenía que corroborarse, no podía aceptarse una versión simplemente por
emitirse, había que corroborar y estábamos en la vía de hacer las
corroboraciones correspondientes y lamentablemente ya no tuve la oportunidad de
continuarlas por las razones que ustedes conocen”, expresó, en referencia a su
separación del cargo tras el asesinato de dos estudiantes de la normal rural de
Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011.
Ayer en estas páginas se informó que a principios de junio
de 2011, en su declaración ministerial integrada al expediente del caso, el
comandante Zamora Rojo manifestó que Torreblanca Galindo ordenó el asesinato, y
éste fue ejecutado por él y otros policías ministeriales.
Zamora Rojo dijo también que en la organización del
homicidio estuvo implicado el entonces titular de la Auditoría General del
Estado, Ignacio Rendón Romero.
Días después, el 17 de junio de 2011 fue asesinado Zamora
Rojo y su cuerpo desmembrado fue arrojado cerca de la sede de la Procuraduría
en Chilpancingo donde rindió sus declaraciones incriminatorias del ya para
entonces ex gobernador de Guerrero.
En breves declaraciones telefónicas, en las que no abundó
los detalles de la operación para matar al diputado local que aparecen en el
expediente, López Rosas insistió en que no sabe si la investigación ha avanzado
desde que él salió de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y
que esto lo “inhibe” de hacer alguna apreciación.
“Yo dejé las investigaciones, cuando yo salí de procurador,
lo que considero es que las dejé avanzadas, creo que íbamos por la línea
adecuada, lo que haya ocurrido después de que salgo de la Procuraduría pues ya
me es ajeno y por lo mismo no puedo yo abundar información”, sostuvo.
Pero el ex procurador insistió en que la investigación “la
dejamos muy avanzada”, y en referencia al señalamiento sobre Torreblanca
subrayó que considera que esa es “una línea correcta para conocer la verdad
histórica de esos lamentables acontecimientos”.
De los dos agentes ministeriales que intervinieron en el
asesinato y que la PGJE interrogó en Guanajuato –uno de ellos en una cárcel y
otro libre pero sometido a un proceso por delitos cometidos en esa región de
acuerdo con las fuentes de El Sur–, el funcionario estatal no quiso dar más
detalles.
Tampoco quiso abundar sobre si corroboraron la versión de
Zamora Rojo, porque dijo que “sería irresponsable” contestar, ya que la
investigación no está concluida y no le corresponde responder al respecto, pero
tampoco negó que la hayan comprobado, y abruptamente dio por terminada la
entrevista. (Redacción / Acapulco).
“Una declaración no es prueba plena”, dice el procurador
Iñaky Blanco
Carlos Moreno A.
El procurador general de Justicia del estado, Iñaky Blanco
Cabrera, minimizó el señalamiento de que el ex gobernador Zeferino Torreblanca
Galindo fue quien ordenó el asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera,
de acuerdo con la declaración de un comandante de la Policía Ministerial
rendida en esa dependencia e integrada al expediente del caso.
En breves declaraciones a reporteros antes de entrar a la
reunión del Grupo de Coordinación Guerrero, en el centro de convenciones Mundo
Imperial, Blanco Cabrera consideró como un “simple trascendido, que hay que tomarlo
como tal, una declaración no es prueba plena, es un testimonio singular que hay
que vincular con otros elementos de prueba”.
Un reportero le dijo que el ex procurador y actual
secretario del Trabajo, Alberto López Rosas, dijo que tenía conocimiento de la
declaración ministerial del comandante Zamora Rojo, y respondió que su colega
de gabinete “ya no es procurador del estado”.
Sobre si dará continuidad a la investigación sobre el
señalamiento en contra del ex gobernador Torreblanca Galindo, el procurador ya
no respondió e ingresó al centro de convenciones.
Serio, el señalamiento contra Zeferino Torreblanca, dice la
viuda Martha Obeso
*Recuerda que ella ha pedido que sea llamado a comparecer
ante el Ministerio Público
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La viuda del diputado local perredista Armando Chavarría
Barrera, Martha Obeso Cazares, dijo que “tiene seriedad la fuente” que informó
a El Sur sobre la declaración del ex comandante de la Policía Ministerial,
Trinidad Zamora Rojo, en el sentido de que el asesinato de su esposo fue
ordenado por el entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
Fuentes de El Sur informaron que el crimen fue ejecutado por
policías ministeriales y que esa información quedó asentada en una declaración
ministerial realizada en junio de 2011, en la que el comandante Zamora Rojo
manifestó que participó en el crimen.
Consultada ayer durante un acto en el parque “Armando
Chavarría Barrera” de Chilpancingo, la viuda del perredista recordó que el año
pasado se supo a través de El Sur “de algunos trascendidos en ese sentido, que
hoy se confirman”.
Dijo que a cinco años que se cumplen mañana del asesinato
del diputado, y ante “el trasiego descarado del expediente”, así como el “afán
desmedido desde el gobierno anterior y que no ha cambiado en el actual
gobierno, por ocultar lo sucedido con el asesinato del presidente de la
Comisión de Gobierno, es muy posible lo que dice la nota de hoy”.
La mañana de ayer, Martha Obeso dijo que desconocía en su
totalidad lo que se publicó en estas páginas, pero por la información que
conocía de la nota no dudaba de su veracidad, y dijo que “yo no creo que el
gobernador anterior haya sido ajeno” al asesinato, y recordó que por eso ha
solicitado a la PGJE que lo llame a comparecer ante el Ministerio Público.
Sobre todo porque recordó que el mismo Zeferino
Torreblanca “dijo que sabía lo que había
pasado, entonces tal vez no sea ajeno a esta situación”.
Comentó que ella tiene también algunos indicios importantes
de lo que ocurrió el 20 de agosto de 2009, que dará a conocer mañana durante el
foro “¿Acceso a la justicia?”.
Se le preguntó si tenía conocimiento de la declaración que
en 2011 realizó el comandante Trinidad Zamora Rojo, o de alguna relación de la
Policía Ministerial con el homicidio de Chavarría Barrera, y contestó que “no
puede haber nada oculto bajo el sol, mientras estemos en este mundo, por mucho
que se oculten los criminales, tanto los materiales como los intelectuales, no
pueden permanecer ocultos. Hay indicios”.
Y continuó: “Yo sí creo que tenga seriedad esa fuente” que
reveló a El Sur la declaración ministerial del ex comandante y que ella “sí
conocía de esa información por varios trascendidos”.
Martha Obeso dijo que no tiene “mucha información”, pero “sí
le concedo seriedad a esas fuentes, porque para nosotros no son simples trascendidos
?es información que está manejándose, que no creo que sea infundada”.
Comentó también que no hay ningún acercamiento del gobierno
del estado con la familia del diputado perredista y que “sólo recibimos escepticismo
e indiferencia”.
Recordó que cuando realizaban las gestiones para que se
entregara a Chavarría Barrera la presea Sentimientos de la Nación, el año
pasado, “colocaron una rosa blanca en la puerta de mi casa, ese fue un mensaje
cifrado siniestro”, pero además de ese incidente no ha recibido presiones o
amenazas recientes.
Aguirre tiene que proceder, culminar la investigación y
encarcelar a Zeferino: Jiménez Rumbo
*El dirigente de Grupo Guerrero pide a Jesús Zambrano
intervenir ante el gobernador para que continúe la investigación del caso
Chavarría
El dirigente perredista de Grupo Guerrero, David Jiménez
Rumbo, afirmó que la declaración ministerial del comandante Trinidad Zamora
Rojo confirma las acusaciones que él hizo contra el ex gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo.
Calificó al ex gobernador como “asesino múltiple” por la
muerte de Armando Chavarría Barrera y los implicados, y pidió la intervención
del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, para que se esclarezca
el caso.
“El gobernador del estado (Ángel Aguirre Rivero) tiene que
proceder, a culminar la investigación y encarcelar a Zeferino, y luego ahora,
más aún de que al parecer pues está implicado en una cadena de asesinatos,
estamos en presencia de un asesino múltiple, porque al parecer fueron
asesinados los autores materiales”, demandó.
Jiménez Rumbo fue demandado por Torreblanca Galindo por daño
moral hace dos años, cuando finalizó el periodo de Jiménez Rumbo como senador,
luego de que en su declaración ministerial y en declaraciones a medios de
comunicación dijo que Chavarría Barrera le confió su sospecha de que
Torreblanca Galindo lo iba a matar, porque le retiró la escolta de que disponía
como ex secretario general de Gobierno.
Ayer en estas páginas se informó que el comandante Trinidad
Zamora Rojo, que fue asesinado, desmembrado y arrojado el 17 de junio de 2011
cerca de la Procuraduría, en su declaración ministerial manifestó que el ex
gobernador Zeferino Torreblanca ordenó el asesinato de Chavarría Barrera a un
grupo de policías ministeriales y que en la organización del homicidio estuvo
implicado el entonces titular de la Auditoría General del Estado, Ignacio
Rendón Romero.
Consultado vía telefónica al respecto, Jiménez Rumbo dijo
que esto ocurrió ya durante el periodo de Aguirre Rivero, por lo que debe
proceder de forma jurídica, que el gobernador “lo que tiene que hacer, que lo
haga”, porque queda claro que “Zeferino es un hombre pues claramente enfermo,
es un asesino patológico ahora”.
“Extraoficialmente yo tenía, había oído esa versión, más
bien, tenía una idea vaga, no muy claro, de que habían participado
ministeriales de su época, porque hace varios años, y también luego se supo en
pláticas con la familia, de que al parecer ya habían sido asesinados
posteriormente, no tengo mayores datos, es un tema en el que yo, me refiero a
andar persiguiendo posibles homicidas no es lo mío, porque pues son hombres de
armas, son delincuentes, o fueron delincuentes con placa de gobierno”, dijo.
Agregó que es evidente que lo que señaló tantas veces “toma
un matiz muy intenso” y ya no sólo es “un razonamiento político claro, limpio”,
sino una clara indagatoria que en su momento tuvo un testigo, por lo que el
gobernador debe proceder, culminar la investigación y encarcelar al ex
gobernador.
“Al presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, que no
solamente venga a lincharme, sino que ahora le pido, de manera sensible,
amigable, pero también con mucha firmeza, de que intervenga, que venga a
Guerrero para que se esclarezca, para que ayude, para que pida al gobernador,
así como pedía que a mí me sancionaran antes, que luego lo arreglamos, pero
ahora le pido en sentido positivo que venga a pedirle a nuestro gobernador que
meta la cárcel a Zeferino”, afirmó.
Jiménez Rumbo agregó que se va a quedar esperando para ver
qué harán Aguirre Rivero y su dirigente nacional, y que el miércoles estará
presente en la conmemoración del quinto aniversario del asesinato “de mi amigo
y compadre” en el Panteón Central de Chilpancingo, respaldando a la familia
como Grupo Guerrero ha hecho desde el asesinato.
Además, opinó que con la declaración ministerial de Zamora
Rojo, la demanda que interpuso el ex gobernador en su contra “queda sin ningún
efecto, evidentemente, porque está declarado”.
Sostuvo que la demanda en su contra no procedía porque él
declaró a los medios de comunicación lo que declaró previamente en la
averiguación previa
En homenaje a Chavarría, exigen castigo a crímenes contra
luchadores sociales
*Encabeza su viuda Martha Obeso la ceremonia en el parque “Armando
Chavarría” de Chilpancingo
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La familia del ex diputado Armando Chavarría Barrera e
integrantes del que fuera su grupo político realizaron ayer un acto para exigir
castigo a los responsables del asesinato del perredista y de otros políticos,
luchadores sociales y periodistas.
Ayer en el parque que lleva el nombre del perredista
asesinado el 20 de agosto de 2009, cuando era presidente de la Comisión de
Gobierno del Congreso del estado, la familia Chavarría Obeso realizó un
homenaje acompañados de amigos e integrantes de su grupo político del PRD, como
los académicos de la UAG, Berenice Illades Aguilar y Arturo Miranda Ramírez.
También estuvieron el integrante del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del PRD, Amilcar García Estrada, y el ex presidente del Consejo
Estatal, Mauro García Medina, además de la viuda de Chavarría, Martha Obeso
Cázares, y sus hijos Omar e Inti Chavarría Obeso.
Ahí la viuda afirmó que los ciudadanos están en “la más
absoluta indefensión”, porque el gobierno no hace valer la ley en ningún caso,
ni siquiera en los “magnicidios”? como el de Chavarría Barrera, ocurrido cuando
era presidente de la Comisión de Gobierno del Congre-so uno de los poderes del
estado.
Obeso Cázares insistió en que los guerrerenses necesitan un
gobierno que “garantice la seguridad, el bienestar y justicia”, pero recordó
que por el contrario, el gobierno estatal persigue “a quienes se organizan para
defender al pueblo de los atropellos de la delincuencia”.
Ahí se solidarizó con los luchadores sociales presos en
penales de máxima seguridad y se sumó “al clamor internacional” para lograr la
libertad de la integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC) de Olinalá, Nestora Salgado García, y de los lóderes de la
misma organización en Tixtla y Ayutla, Gonzalo Molina González y Arturo Campos
Herrera.
Los participantes en el homenaje también demandaron la
liberación del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Recordaron casos como el de la desaparición forzada,
ocurrida hace dos años, del joven perredista Longino Vicente Morales, de quien
exigieron su presentación con vida.
También hicieron una remembranza de los asesinatos de
dirigentes políticos y sociales perredistas, como Homero Lorenzo Ríos, Arturo
Hernández Cardona, Manuel Ponce Rosas, Raúl Lucas Lucía, Álvaro Rosas Martínez
y Margarito Genchi Casiano.
Recordaron el asesinato del dirigente del PT, Rey Hernández
García, y de los periodistas Marco Antonio López Ortiz y Jorge Torres Palacios.
Recordaron casos como el asesinato del diputado federal
priista Moisés Villanueva de la Luz, la desaparición de los ecologistas Eva
Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, y el asesinato de la dirigente de la
Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino Mesino.
Exigieron justicia pero también un “alto a la
criminalización social y al hostigamiento contra líderes y organizaciones
sociales que defienden causas populares”.
La académica Berenice Illades habló del paso de Chavarría
por la UAG en la década de los 70, cuando fue dirigente de la Federación
Estudiantil Universitaria Guerre-rense (FEUG), donde afirmó que “el liderazgo”
del después perredista se realizó enmedio de las dificultades propias del
cacicazgo y consecuencias de la guerra sucia para “quienes luchaban por la
democracia, libertad y contra la opresión”.
Amílcar García afirmó que a Chavarría Barrera fue “asesinado
por los poderes fácticos, por los enemigos de la democracia”, porque dijo que
en los nueve meses que estuvo al frente del Poder Legislativo “lo dignificó y
pugnó por una sana separación de poderes, condenó la violencia, demandó
justicia y exigió respeto y soberanía para el Poder Legislativo”.
Al acto no acudió el presidente del Comité Ejecutivo Estatal
(CEE) del PRD, Carlos Reyes Torres, ni el dirigente de Grupo Guerrero (GG),
David Jiménez Rumbo, ambos del grupo político de Armando Chavarría, el ex Polo
Guerrerense de Izquierda (PGI).
A la ofrenda floral al inicio del acto llegó el alcalde
priista de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, quien hizo guardia de honor en el
lugar acompañado de la familia pero de inmediato se retiró.
También acudieron los integrantes del Comité ejecutivo
Estatal del PRD, Perfecto Rosas Martínez y Mario Ruiz Valencia.
