FALLARON LOS ASESORES SALINAS Y LOPEZ ROSAS.
NO NADAR DE MUERTITO PIDE PEÑA NIETO A LOS ALCALDES.
Por José Antonio Sánchez
Al desacuerdo de los diputados locales en contra de la decisión del alcalde de Acapulco Evodio Velázquez y sus asesores de seguridad y legalidad, de desincorporar a Transito Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública, y por tanto del Mando Único, se agregó la advertencia pública que el presidente de la República Enrique Peña Nieto les hiciera a todos los alcaldes del País: “Porque lo que no se vale, lo que no es admisible para el orden, particularmente municipal, es evadir la tarea pretextando no tener suficientes recursos, no tener suficientes capacidades y, a veces, hasta nadar de muertito y dejar que esta tarea vengan a hacerla otros”. Como resultado, que la decisión del Cabildo, ataca normas constitucionales y pone al frente de un cuerpo policiaco a gente sin certificación y fuera del Mando Único,
Diputados locales pidieron al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, dejar sin efecto el acuerdo de Cabildo con el que se pretende desincorporar de la Secretaría de Seguridad Pública y del Mando Único a la Policía Vial, o como se les conoce, “Transito”. La diputada presidenta de la Comisión de Seguridad, Magdalena Camacho Díaz, dijo que, en el dictamen aprobado por el Cabildo de Acapulco, se suprimió que la Policía Vial pertenece a la Policía Municipal Preventiva, además de que también se suprimió el párrafo en el que se detalla que se autoriza al presidente municipal de Acapulco para llevar a cabo la integración de las Policías Preventiva Urbana, Vial, y de Protección y Asistencia Turística bajo un solo mando y estructura orgánica, denominada Policía Municipal Preventiva.
Agregó la legisladora, que en el acuerdo de Cabildo, se estableció la desaparición de la Dirección de Tránsito Municipal para crear la Coordinación General de Movilidad y Transporte como una unidad administrativa dependiente del alcalde, por lo anterior, el acuerdo de Cabildo trasgrede normas constitucionales y legales que regulan la prestación del servicio de seguridad pública, además de que pone a la Policía Vial bajo el mando operativo de una persona que no está certificada, ni se le han aplicado los controles de confianza que se establecen para los mandos y elementos de seguridad pública, agregó que, el coordinador general de Movilidad y Transporte en ese acuerdo, se le dota de atribuciones de detener y poner a disposición de la autoridad a las personas, vehículos u objetos involucrados en hechos de tránsito, sin contar con la certificación y las atribuciones en su caso.
Magdalena Camacho fue concluyente: Esto es muy grave porque en el acuerdo, el coordinador, no siendo una autoridad de seguridad pública, sino una administrativa, violenta el artículo 21 de la Constitución Política de la República, que establece que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de Seguridad Pública, si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. Cabe señalar, que en el ayuntamiento existen asesores para orientar al alcalde, y en éste caso, se cometieron errores a la vista en cuanto a legalidad y constitucionalidad, y los ordenamientos de Seguridad Pública, los asesores, Heriberto Salinas Altes de seguridad y Alberto López Rosas de gobernabilidad y legalidad, cometieron fallas que pudieran significar para algunos funcionarios municipales el haber recaído en responsabilidad de funcionarios públicos al violentar preceptos constitucionales.
