domingo, 15 de marzo de 2015

La designación de un ex funcionario de Sedesol en el PRI, estrategia desde el poder: López Rosas


El Sur Peridódico de Guerrero mar 15, 2015

Anarsis Pacheco Pólito
Chilpancingo

El candidato a la gubernatura por el Partido Humanista, Alberto López Rosas, afirmó que la designación del ex subsecretario de la Sedesol, Javier Guerrero García, como delegado general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en Guerrero es una estrategia desde el poder para capitalizar los recursos que fueron distribuidos por el gobierno federal mediante la Secretaría de Desarrollo Social federal.

“No podemos engañarnos ni pueden engañarnos, es una estrategia muy marcada y lleva la intención de capitalizar lo que fue distribuido en su momento, ni ellos mismos se pueden engañar”, dijo.

El ex subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Javier Guerrero García, fue designado como nuevo delegado general del PRI en Guerrero.
En declaraciones por teléfono, López Rosas dijo que la incorporación de Guerrero García a las actividades proselitistas del PRI es una estrategia orquestada “desde el poder” para que se logren los propósitos bajo el esquema que han planteado.

Consideró que los candidatos deben de ser bastante cuidadosos en no permitir una inequidad en el proceso electoral y convocó a estar pendiente de las campañas.

Este sábado el candidato a gobernador de Guerrero por el Partido Humanista visitó Tierra Colorada, donde fue recibido por el ex sindico Carlos Arizmendi Contreras y la candidata de ese partido a la alcaldía de Juan R. Escudero, Nelly Pastrana.
Respectó a su presunta inhabilitación, López Rosas aseguró que no ha sido notificado por el Congreso del estado de inhabilitación alguna por los hechos del 2011, donde fueron asesinados dos estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

La versión de la inhabilitación de López Rosas fue publicada ayer por el periódico El Universal, pero lo que se conoce es que en septiembre de 2014 cuatro de los cinco diputados que integran la Comisión Instructora del Congreso del estado coincidieron en que Alberto López Rosas como procurador general de Justicia incurrió en omisiones y por ello debía ser sancionado administrativamente e inhabilitado hasta por un año, por los hechos en que fueron asesinados los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011.

López Rosas dijo que presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) “mi constancia de no inhabilitación”.

Agregó que si no se le da importancia a los documentos oficiales, no sabe qué otro tipo de constancia puede ser la que subrogue a las certificaciones que entregó en su registro.

“Yo creo que ya inicia una preocupación, creo que ya inicia una guerra sucia que sabré afrontar oportunamente”, dijo.

Respecto a que el presidente del partido Humanista, Ignacio Yris Salomón, lo designó candidato la gubernatura sin respetar la convocatoria y el registro cuando estaba inscrito, en tiempo y forma, el aspirante Moisés Reyna Montalván, dijo que “no tengo ningún comentario”.

A pesar de esto agregó que no llegó al Partido Humanista a confrontar, ni a generar conflicto, pero señaló que cree conveniente que este problema sea solucionado por la dirigencia del partido.

“Si alguien siente que hay irregularidad debe de verlo ante el tribunal competente pero yo soy el menos indicado”, agregó.

Reconoce el rector que ocho de 24 funcionarios del gobierno del estado aún cobran en la UAG



El Sur Periódico de Guerrero mar 13, 2015

*Aclara Javier Saldaña que él no es responsable, que se hará un cruce de nómina, y se dará de baja a quienes estén cobrando un salario no devengado.  

El área de transparencia de la institución aplaza diez días más una solicitud entregada el 2 de marzo, para dar información sobre los nombres de los que han solicitado permiso y las condiciones de sus salarios, desde que inició el gobierno de Rogelio Ortega

Jacob Morales Antonio

Funcionarios y trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) cobran en la institución y en el gobierno del estado. El rector Javier Saldaña Almazán reconoció ocho casos, de una lista de 24 universitarios que ingresaron a laborar en el gobierno de Rogelio Ortega Martínez, pero afirmó que no es responsable de ello.

De los 24 nombres, Saldaña aclaró que cumplieron con pedir permiso en la UAG antes de asumir sus cargos en el gobierno, el ex contador de Germán Cerón Silverio; el ex director de Finanzas de la universidad, Eustoquio Merino López y el profesor Gabino Solano Ramírez.

El área de transparencia de la institución aplazó diez días más la respuesta a una solicitud entregada el 2 de marzo, sobre los nombres de los funcionarios que han solicitado permiso y las condiciones de sus salarios, desde que inició el gobierno de Rogelio Ortega. De la ampliación, la unidad argumentó que el área recopila aún la información y extendió el plazo.
De acuerdo con una lista, que trabajadores de la universidad filtraron a este reportero, los funcionarios que siguen cobrando en la institución, a pesar de trabajar en el gobierno del estado son el ex contador de la UAG, que ahora se desempeña como director de la tesorería de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Germán Cerón Silverio, y el subsecretario de egresos, Eustoquio Merino López.

El asesor del ex secretario general de la Universidad y ahora gobernador del estado, Ortega Martínez, Javier Casiano Reachi, quien se desempeña como secretario particular del gobernador. El ex secretario particular de Rogelio Ortega en la universidad, a quien nombró como director operativo de la oficia del gobernador, Geovanny Manrique.
El secretario de Salud, Edmundo Dantes Escobar Habeica, quien tiene su centro de trabajo en la escuela de Medicina. La secretaria de la Mujer, Rosalinda Ramírez Rodríguez, quien tiene su centro de trabajo en la escuela de economía.

En la lista también se encuentra el jefe del área de medios alternativos de la universidad, que se encarga de las redes sociales del gobernador y lo acompaña a todas partes, Julio César Adams Reyes.
Además del maestro de arquitectura y urbanismo, Jesús Hernández Torres, quien se desempeña en el gobierno como secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. La trabajadora de la Dirección de Finanzas de la UAG, Anahí Antonio Martínez, quien se desempeña como directora general de presupuesto y contabilidad de la Secretaría de Salud.
El trabajador de la Secretaría General de la UAG, que ahora ocupa el cargo de delegado administrativo en la secretaría particular del gobernador, Rufino Guzmán Hernández. El maestro con centro de trabajo en la Preparatoria 13, de Zihuatanejo, Ramuel Lobato Mena, quien ha fungido como representante del gobernador en diferentes actos oficiales, como el del nombramiento del director de Fibazi.

El maestro de la escuela de Derecho de Acapulco, Ramón Silva Santos, quien se desempeña como director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). El subcoordinador de la zona sur de la UAG, Ali Esmain Godínez González, quien se desempeña como jefe de recursos humanos de la Fiscalía Regional del Estado.

El maestro Jorge Peto Calderón, quien forma parte de la Comisión de Reforma Universitaria de la UAG, es asesor en materia de agronomía para el gobierno del estado. El director del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA), Raúl Fernández, y el maestro, ex rector de la institución Florentino Cruz Ramírez, fueron nombrados asesores del gobernador.
El asistente del director del IIEPA, Marco Adame Mesa, es asistente y secretario auxiliar del gobernador, y lo acompaña a todas partes. La maestra del IIEPA, Abril Moreno, quien se desempeña como asistente personal de la esposa del gobernador, Rosa Icela Ojeda.

El subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, Saúl Barrios Zagal, quien es maestro en la escuela de Derecho de Chilpancingo.
También se encuentran los maestros del IIEPA, Gabino Solano Ramírez, que fue nombrado director general del Consejo de Ciencia y Tecnología; de la Preparatoria 2, Fernando Solano Ramírez; de la Preparatoria 27, Luis Alberto Arcos Castro; el asesor del rector, José Antonio García Flores; el maestro de Contaduría y Administración, Juan Aurelio Castañeda Liborio; el trabajador de la dirección de actividades académicas, Marcelo Gatica Lorenzo.
En un recorrido por las preparatorias 2 y 27, además de las escuelas de Contaduría y Derecho de Acapulco, los maestros señalaron que los académicos que se han ausentado han solicitado permisos, pero manifestaron que el único que decide si es con o sin sueldo es el rector de la universidad, pero no tienen mayor información.

Reconoce rector irregularidades, platicó con el gobernador


Consultado por teléfono el rector Javier Saldaña Almazán reconoció ocho de los 24 casos de trabajadores que cobran en la institución y en el gobierno del estado, donde fueron nombrados como funcionarios. “Hay una evidencia, la tienes tú y la tengo yo”, dijo a este reportero.

Saldaña no quiso dar los nombres, argumentando que el sábado tendrá un reporte final que podrá ser conocido por la opinión pública y adelantó que serán dados de baja los trabajadores que estén cobrando un salario no devengado.
Defendió sólo a tres de los 24 trabajadores que se mencionan arriba, el ex contador de UAG, Cerón Silverio; al ex director de finanzas de la universidad, Merino López, y al recién nombrado, Solano Ramírez, que pidieron permiso antes de asumir sus cargos.

Manifestó que él no tiene responsabilidad en el problema, “yo desde octubre mandé un oficio al jefe de recursos humanos, para que quienes ocuparan un espacio en el gobierno del estado, de manera visible o quien hubiera tenido la delicadeza y sensatez de haber pedido sus permisos sin goce de salario, que se le diera inmediatamente de baja, yo en esa parte cumplí”.

Indicó que el miércoles abordó el tema con el gobernador Ortega Martínez, luego de que reporteros le preguntaran sobre el caso del maestro de la Preparatoria 17 de Zihuatanejo, Ramuel Lobato Mena.

Indicó que hay una disposición del gobierno del estado de realizar un cruce de nóminas con la universidad, y llamó a otras instituciones para poder realizarlo. Informó que en el último reporte del cruce de nóminas, hubo 470 trabajadores que cobraban en diversas dependencias gubernamentales, pero no quiso abundar en el tema.

De si habrá sanciones, dijo que cuando los trabajadores regresen se les hará el descuento correspondiente. “Si ellos omitieron y si viene una revisión para la universidad, ellos tendrán que pagarla”, especificó.

Afirmó que no dio ninguna orden para que los trabajadores mantuvieran sus sueldos en la universidad, una vez que entraron a laborar al gobierno del estado.