Francisco Garfias 13/11/2014
Fue hace como diez días. Iñaky Blanco Cabrera, procurador de
Guerrero, llegó a las oficinas de Tomás Zerón, director en jefe de la Agencia
de Investigación Criminal de la PGR. La relación entre ambos era excelente.
Tanta era la confianza, que se trataban mutuamente de “mi rey”.
Su amigo lo había citado a las 12 y media del día. Pero le
cambió la hora. Decidió entonces meterse a comer al Restaurante Guadiana —a
escasos metros de la sede de la PGR— para hacer tiempo.
Allí se dio cuenta de que 16 agentes lo vigilaban. Terminó,
pagó la cuenta, salió del local y se dirigió a uno de sus vigilantes. “¡Qué mal
haces tu trabajo! Voy a ver a tu jefe”, le dijo burlón.
Blanco no sabía lo que le esperaba. Zerón le soltó la verdad
apenas lo vio. “Necesito que declares”, dijo.
La sorpresa fue mayúscula. Iba en calidad de amigo. Su cara
lo decía todo.
El jefe de la AIC se dio cuenta del desconcierto de Iñaky.
“No me lo tomes a mal, pero necesito que me digas todo lo que sepas de los
vínculos del gobernador Aguirre con la delincuencia”.
El procurador de Guerrero no escondió su molestia. “Es tu
tema, investígalo…”, le dijo.
—No te enojes—, pidió Zerón.
—Me ofendes—, reviró Iñaky.
Allí lo tuvieron desde las cuatro de la tarde hasta las 12
horas del día siguiente.
¿En calidad de qué?, preguntó Blanco, sin obtener una
respuesta clara.
Le hablaron de la existencia de un Víctor Aguirre, del
cártel Independiente de Acapulco. “Dicen que es su primo”, le dijeron.
Pero Iñaky nada sabía. Nada les pudo decir.
Transcurrido el lapso mencionado lo dejaron ir. “Estás
limpio”, le dijeron.
Poco después, el mismísimo procurador Jesús Murillo le pidió
disculpas y sugirió que continuara al frente de la Procuraduría estatal.
Allí sigue.
En el entorno de Ángel Aguirre dicen tener identificado el
origen del borrego sobre los amoríos del gobernador con licencia con María de
los Ángeles Pineda, esposa del exedil de Iguala, José Luis Abarca. “Ese chisme
de mal gusto lo inventó el exgobernador Rubén Figueroa”, nos aseguran.
Las cosas van de mal en peor en Guerrero, pero el gobernador
sustituto, Rogelio Ortega Martínez dice que “lo grave ya pasó”.
El Congreso del estado se sumó ayer a la colección de
instalaciones oficiales incendiadas por los maestros de la CETEG. Quemaron el
salón de plenos; quemaron cinco carros en el estacionamiento, destrozaron
mobiliario. La Contraloría de la SEP en Chilpancingo también fue abrazada por
las llamas.
No se entiende el pasmo del mandatario sustituto. Si ya quemaron
el Palacio de Gobierno en Chilpancingo, el Ayuntamiento de Iguala, las sedes
del PRI y del PRD ¿Por qué no resguardan los edificios públicos?
El góber Rogelio se niega a utilizar la fuerza pública para
evitar el vandalismo. Lo declaró a los cuatro vientos. “Prefiero renunciar,
antes que meter a la policía ”, dijo el pasado martes.
Así que a romper y destrozar, que nada les va a pasar.
La actitud del sustituto preocupa en serio. “Le está
haciendo al Gandhi. Nada más que Guerrero no es la India”, nos dijo, mordaz, un
exalto funcionario del gobierno de Guerrero. “No se trata de reprimir, sino de
hacer valer el Estado de derecho”, puntualizó.
La fuente recordó que en tiempos de Ángel Aguirre, los
maestros de la CETEG nunca pasaron del centro comercial La Isla, ubicado cerca
del aeropuerto. El gobernador con licencia contaba sólo con mil 500 policías
antimotines. Insuficientes. Pero se apoyó en cinco mil taxistas dispuestos a
defender la chuleta, cuando intentaron tomarle el estratégico lugar.
Los ayotzinapos desistieron.
El gobierno federal no se queda atrás. Elementos federales
asistieron impávidos a la toma del aeropuerto de Acapulco durante tres horas y
media. Al Ejército, la Marina y la Policía Federal les toca resguardar esas
estratégicas instalaciones. La orden era no intervenir, para no calentar.
Había un acuerdo de que sólo lo ocuparían tres horas.
Nos cuentan que la elección de Rogelio Ortega, secretario
general de la Universidad de Guerrero, fue cosa de Los Chuchos.
El rector Javier Saldaña de esa casa de estudios estaba
apuntadísimo. Él quería ser. Pero la dirigencia del PRD no le tenía confianza.
Se movía en dos pistas. “Éste nos va a vender con el PRI”, comentaron los de
Nueva Izquierda.
“¿Cómo ves a Rogelio Ortega?, preguntó Jesús Ortega, El
Chucho mayor, al todavía gobernador Aguirre. “Ni bien ni mal. Creo que es un
hombre decente. Abona su trayectoria”, le dijo.
Y le dieron para adelante.
El sustituto no se la esperaba. Buscó a Aguirre. Le dijo:
“Yo no estaba en ésta, pero voy si usted me apoya”. Ya con las maletas en mano
el todavía gobernador le dio su respaldo, a condición de que continuara con
programas que había iniciado como el Acabús o el Macrotúnel.
Y así eligieron al improvisado.
Fuentes confiables nos aseguran que ni Miguel Osorio Chong,
titular de la Segob; ni Jesús Murillo Karam, procurador General de la
República, quisieron que el gobernador Ortega estuviera en la reunión que sostuvieron
en el aeropuerto de Chilpancingo, el pasado martes, con padres de familia de
los normalistas “desaparecidos”.
Y es que el sustituto hizo unas desafortunadas declaraciones
que lo invalidaron como interlocutor. Dijo públicamente: “Los ayotzinapos
pasaron de víctimas a victimarios”.
Alfonso Ramírez Cuéllar, líder del Barzón, se va del PRD.
Dice que ese partido sucumbió al poder del dinero.
En su carta de renuncia, dirigida a Carlos Navarrete,
presidente del sol azteca, señala que “no tiene caso seguir”.
“En muchos estados —agrega— ya se renunció a ser oposición y
se cancela la obligación de constituir los contrapesos suficientes al abuso de
poder. El partido se quedó sin nada qué decir y en muchos lados, en verdad, ya
no dice nada”, recalcó.
