lunes, 8 de diciembre de 2014

López Rosas fue recibido por sindicalizados de la CTM







Alberto López Rosas fue recibido por sindicalizados de la CTM

Convivió con el sector en donde fue recibido con cariño

Laura Reyes
Reportera

Acapulco.- El secretario del Trabajo en el Estado, Alberto López Rosas se reunió con trabajadores sindicalizados de la CTM para confirmar que dicha dependencia está al "cuidado" del sector laboral.
En un acto en la cancha principal de la Sección 112 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), López Rosas participó también en el convivió que realizaron con niños, personas de la tercera edad y discapacitados.
"Es satisfactorio que la clase trabajadora, el sector laboral me inviten a sus eventos para ratificar una vez más nuestra voluntad de acercamiento y tratar de hacerles llegar algunos de los apoyos, a través de ña Secretaría del Trabajo", explicó.
López Rosas consideró relevante que el sector laboral y sindical del puerto de Acapulco y del Estado de Guerrero vean en la Secretaría del Trabajo un "aliado" para ser acreedores a programas y capacitación, incluidos del ramo que maneja el Gobierno Federal.
"Hay un acercamiento que resulta importante y muy satisfactorio", precisó.
En ese evento también participó el líder sindical de dicha sección de la CTM, Rodolfo Escobar Ávila y dirigentes de colonias populares.
Los asistentes a ese evento agradecieron la presencia del funcionario estatal, quien se comprometió a respaldar al sector sindical de la CTM.

 

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Vienen 13 días de furia




Pascal Beltrán del Río 18/11/2014 excelsior.com.mx


Conforme se acerque el 1 de diciembre, una parte de los manifestantes que se han agrupado en torno de la denuncia de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa —que hoy martes cumple 53 días —acelerará sus acciones de protesta.

¿Por qué es importante esa fecha? Porque esa parte del movimiento ha convertido en su causa principal no la aparición con vida de los estudiantes sino la renuncia del Presidente de la República.

El artículo 84 de la Constitución prevé que si existe la falta absoluta del Ejecutivo durante los primeros dos años del periodo respectivo —que se cumplen el lunes 1 de diciembre, es decir, dentro de 13 días—, el Congreso de la Unión deberá designar a un Presidente interino y convocar a comicios para elegir a quien termine el sexenio.

Desde 1934, cuando se inauguraron los periodos presidenciales de seis años, México ha gozado de estabilidad en el proceso de nombramiento de autoridades y representantes federales.

El Presidente de la República y los integrantes del Congreso de la Unión han sido elegidos y han tomado posesión cuando corresponde constitucionalmente. ¿Cuántos países de América Latina pueden decir lo mismo?

La última vez que se interrumpió un periodo presidencial fue el 2 de septiembre de 1932, cuando Pascual Ortiz Rubio —quien había sido elegido el 17 de noviembre de 1929 para terminar el cuatrienio del asesinado Álvaro Obregón— renunció a su cargo en una atmósfera que olía a golpe de Estado.

El homicidio de Obregón había creado una gran inestabilidad política en el país. Durante el periodo para el que fue elegido hubo tres presidentes, tutelados porPlutarco Elías Calles, el Jefe Máximo.

Yo no sé si eso es lo que quisieran repetir quienes llaman a la renuncia o derrocamiento de Enrique Peña Nieto. Quizá no alcanzan a ver qué países donde recientemente han caído gobiernos, como Egipto y Libia, entraron en una espiral de descomposición peor que la que había antes.

No, esa no es una solución.

Lo digo sin desconocer que el país se encuentra en una de sus peores crisis en al menos medio siglo.

La credibilidad de las autoridades locales y federales se ha visto seriamente deteriorada.
La fuerza pública, en la que los ciudadanos depositan constitucionalmente la defensa de sus vidas y sus bienes, se muestra incapaz o indolente para frenar las expresiones de violencia de algunos que han salido a las calles —los menos, afortunadamente— con el objetivo o pretexto de repudiar la desaparición de los normalistas.

El sábado pasado, tras volver de su gira por China y Australia, el presidente Peña Nieto volvió a condenar esos “actos cargados de violencia” y recordó que el Estado está facultado para usar la fuerza “cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo para restablecer el orden”.

Hasta ahora, luego de casi dos meses de los terribles hechos de Iguala, el gobierno federal ha mostrado una prudencia extrema para enfrentar hechos de vandalismo como el saqueo de mercancías y el incendio de vehículos y edificios públicos.

Algunos pretenden hacer creer que esas medidas están justificadas para protestar contra el acto represivo y criminal que ocurrió en Iguala.

Sin embargo, no han sido los directamente afectados —en particular, los familiares de los normalistas— quienes han incurrido en la violencia. Incluso, en diversos momentos, estos la han condenado.

Sería un error ver homogeneidad en el movimiento de protesta. Para mí, éste tiene varios componentes: hay personas sin militancia política que simplemente están hartas de la impunidad, hay maestros de la CNTE que buscan tumbar la Reforma Educativa, hay militantes de partidos de izquierda —principalmente Morena— y hay miembros de organizaciones que se hacen llamar anarquistas.

No todos persiguen lo mismo, pero, en el río revuelto, a ratos es difícil distinguir.

Las autoridades tienen la obligación de hacerlo. No sólo es imposible detener a todos los que protestan sino que sería arbitrario e ilegal hacerlo.

Quienes cometan delitos, afectando a terceros, tienen que ser detenidos y procesados, no sólo porque es una buena idea sino porque es la obligación de las autoridades. Igual que es su obligación investigar los crímenes de Iguala y llevar a los responsables ante la justicia.
Con la violencia no se debe transigir, no se debe negociar. Lo digo incluso más claro: es una ilusión pensar que se puede. Quien está dispuesto a matar a una persona con el pretexto de protestar —como casi lo hicieron, en Acapulco, con el policía Gabriel Benítez, cuya historia contamos ayer en estas páginas— está dispuesto a lo que sea.

El objetivo de los violentos no es que aparezcan los normalistas. El objetivo es tirar al gobierno, como lo han dicho públicamente.

¿Tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto un plan para enfrentar a quienes generan violencia con ese propósito?

No estoy seguro. Tal vez sus funcionarios estén leyendo encuestas, como la de BGC-Excélsior, que publicamos ayer en estas páginas, y que dicen que la mayoría de la gente (52%) sigue viendo como “prudente” al gobierno federal en el tratamiento de los hechos.
Sin embargo, hay que leer las encuestas completas. Un número creciente de mexicanos no justifica las protestas violentas (73%) e incluso el apoyo a los manifestantes ha comenzado a descender (ya sólo 30% dice que simpatiza con ellos).


Los que vienen serán días difíciles, que seguramente marcarán el resto del sexenio.

Walton se va y esperan sea el candidato de Morena



**El  plazo para concertar  alianzas
     se vence y no hay nada con el PRD

Publicado por A Fondo Guerrero
Esto no tiene vuelta de hoja.  Luis Walton Aburto está por solicitar licencia al cabildo para retirarse del cargo y solo falta definir si irá sólo como abanderado de Movimiento Ciudadano o si el partido naranja no postula candidato a gobernador  para que el alcalde de  Acapulco sea arropado por Morena para cumplir con el mandato del INE de que el nuevo partido en su primera elección no formalice alianzas. Con el PRD y el PT ya no hay tiempo de refrendar coaliciones, pues el plazo para el efecto vence el próximo jueves 20 de noviembre.
Se perfila como alcaldesa interina la secretaria general Magdalena Camacho Díaz, en  virtud de que es respaldada por mayoria del cuerpo edilicio y a que el primer síndico Armando Tapia irá como candidato a una diputación federal.
En el PRI ya está pactada la alianza con el Partido Verde y con Panal y está por concretarse ante la instancia electoral. El método de elección será dedazo,  como debe entenderse el anuncio deque sera  en convención donde la definan, porque obviamente el voto de los consejeros será inducido a favor del acuerdo presidencial que lo resuelva
En  caso de que Morena nomine candidato a Walton, Movimiento  Ciudadano iría como aliado de facto sin  nombrar abanderado al cargo.  Lo mismo harían con Víctor Jorrín Lozano para la alcaldía de Acapulco.
En cuanto  al plazo para el registro de candidato a gobernador comprende del 18 de febrero al 1 de marzo del 2015; en tanto que en el caso de candidatos a diputados locales es del 26 de marzo al 1 de abril de 2015 y en el  de candidatos a alcaldes es del 15 al 21 de abril de 2015.
Así las cosas, en los próximos días veremos el estira y afloja en los partidos politicos que podrán participar en los comicios del 2015. Expondrán  todo un tender en el que saldrán a relucir los trapitos al sol de uno y otro de los aspirantes en una canibalesca campaña de todos contra todos.

sábado, 15 de noviembre de 2014

Odio decir: ¡te lo dije!




Por 

David Jiménez Rumbo dice que no lo podía creer. No tiene la culpa el indio si no el que lo hace compadre. 

Seguramente el michoacano cabecilla del poderoso Grupo Guerrero que seguirá estando al frente del Partido de la Revolución Democrática en el estado conocía de sobra este dicho, pero hizo su compadrito del alma a Armando Ríos Piter, a quien Andrés Manuel López Obrador se refiere a menudo públicamente con el mote de “traidorzuelo”.
No le quedó más que reconocer: “ya comienzo a creerlo”, cuando le recuerdan la expresión que durante una visita a Acapulco Marcelo Ebrard tuvo hacia el senador Ríos Piter, de quien el ex jefe de gobierno capitalino dijo que “cambia a cada rato de amigos”.
No hay que irse muy atrás en la historia. Sólo en los últimos tres meses dejó de apoyar a su otro compadre, Evodio Velázquez, para ofertarle su amor al diputado Ángel Aguirre Herrera y por ende a su papá, el hoy gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero a quien Ríos Piter fue el primero en voltearle la cara cuando enfrentó la trágica crisis de Iguala que provocó su caída.


Antes fueron traicionados por él Obrador, Ebrard y Alejandro Encinas, entre muchos más. También se deslindó de Rogaciano Alba, preso por narcotráfico; de José Luis Abarca, preso por homicidio de normalistas y presuntos nexos con el cártel Guerreros Unidos, y ahora Jiménez Rumbo se queja de que no lo apoyó al ser vetado por la corriente dominante del PRD nacional, Nueva Izquierda, para ser el dirigente de ese partido en Guerrero porque –así lo declaró a reporteros- creció con Servando Gómez La Tuta en su natal Arteaga. Michoacán.

Obvio, esto  -aunque seguramente lo va a negar- Ríos Piter ya lo sabía, pues compadre como es de Rumbo y con el desenfado que éste pregona su infancia con el buscadísimo jefe de los Templarios ya sería mucho que también esto ignorara. No es la primera vez. Ha negado a más amigos que veces Pedro a su maestro.

Por eso Rumbo dice que le devuelve su palabra “para que se pueda aliar como a él le gusta, con quien más le convenga”, sabiendo que al convenenciero y oportunista senador se le movió todo el escenario no sólo por los lamentables hechos de Iguala que destaparon el cochinero perredista, sino por la manera en que quiso sacar raja política de la tragedia, traicionando al gobernador con licencia y al propio Jiménez Rumbo.

Su cálculo político le pinta al parecer que con el apoyo de Nueva Izquierda y el presidente Enrique Peña Nieto le basta para su aspiración de gobernar Guerrero, menospreciando que el IPG y Grupo Guerrero son fuerzas locales que sumadas en su contra dejan muy abajo a la corriente oficial del perredismo, de acuerdo con la votación de la elección de consejeros en la que su grupo Movimiento Jaguar, fue enviado al sótano de los perdedores.

Esto sin contar con que Nueva Izquierda no deja de ser el grupo político que postuló a José Luis Abarca a la presidencia municipal de Iguala y que el presidente Peña se está dando cuenta con esta crisis que Guerrero es mejor dejarlo en manos de la oposición que echarse ese trompo a la uña.

Esto refuerza la posibilidad de que una figura emergente, que podría ser Luis Walton Aburto, surja como amalgama de la izquierda.

Por otra parte, los hechos de Iguala también impactaron en el escenario de los demás municipios del estado, incluido Acapulco, donde Ángel Aguirre Herrera difícilmente podrá competir en medio de esta situación con Evodio Velázquez por el PRD, quien a su vez no ha demostrado tener la fuerza suficiente para ganar una elección. Ha sido diputado local y federal plurinominal.

Por la izquierda Movimiento Ciudadano podría salir con el diputado federal Víctor Jorrín Lozano, o el diputado local Mario Ramos del Carmen, quienes podrían encabezar –cualquiera de ambos- una coalición con el Partido del Trabajo.

Por el PRI tienen posibilidades reales José Luis Ávila Sánchez, quien es considerado por la Fundación liderazgo hoy como uno de los diez mejores delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional y Rodolfo Escobar Ávila, diputado cercano a la gente, no hay que olvidar que el grupo al que pertenecen domina el PRI municipal sin competencia de ningún tipo.

jueves, 13 de noviembre de 2014

El sustituto de Guerrero “le hace al Gandhi”



Francisco Garfias 13/11/2014 excelsior.com.mx

Fue hace como diez días. Iñaky Blanco Cabrera, procurador de Guerrero, llegó a las oficinas de Tomás Zerón, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. La relación entre ambos era excelente. Tanta era la confianza, que se trataban mutuamente de “mi rey”.

Su amigo lo había citado a las 12 y media del día. Pero le cambió la hora. Decidió entonces meterse a comer al Restaurante Guadiana —a escasos metros de la sede de la PGR— para hacer tiempo.

Allí se dio cuenta de que 16 agentes lo vigilaban. Terminó, pagó la cuenta, salió del local y se dirigió a uno de sus vigilantes. “¡Qué mal haces tu trabajo! Voy a ver a tu jefe”, le dijo burlón.

Blanco no sabía lo que le esperaba. Zerón le soltó la verdad apenas lo vio. “Necesito que declares”, dijo.

La sorpresa fue mayúscula. Iba en calidad de amigo. Su cara lo decía todo.

El jefe de la AIC se dio cuenta del desconcierto de Iñaky. “No me lo tomes a mal, pero necesito que me digas todo lo que sepas de los vínculos del gobernador Aguirre con la delincuencia”.

El procurador de Guerrero no escondió su molestia. “Es tu tema, investígalo…”, le dijo.

—No te enojes—, pidió Zerón.

—Me ofendes—, reviró Iñaky.

Allí lo tuvieron desde las cuatro de la tarde hasta las 12 horas del día siguiente.

¿En calidad de qué?, preguntó Blanco, sin obtener una respuesta clara.

Le hablaron de la existencia de un Víctor Aguirre, del cártel Independiente de Acapulco. “Dicen que es su primo”, le dijeron.

Pero Iñaky nada sabía. Nada les pudo decir.

Transcurrido el lapso mencionado lo dejaron ir. “Estás limpio”, le dijeron.

Poco después, el mismísimo procurador Jesús Murillo le pidió disculpas y sugirió que continuara al frente de la Procuraduría estatal.

Allí sigue.

En el entorno de Ángel Aguirre dicen tener identificado el origen del borrego sobre los amoríos del gobernador con licencia con María de los Ángeles Pineda, esposa del exedil de Iguala, José Luis Abarca. “Ese chisme de mal gusto lo inventó el exgobernador Rubén Figueroa”, nos aseguran.
Las cosas van de mal en peor en Guerrero, pero el gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez dice que “lo grave ya pasó”.
El Congreso del estado se sumó ayer a la colección de instalaciones oficiales incendiadas por los maestros de la CETEG. Quemaron el salón de plenos; quemaron cinco carros en el estacionamiento, destrozaron mobiliario. La Contraloría de la SEP en Chilpancingo también fue abrazada por las llamas.

No se entiende el pasmo del mandatario sustituto. Si ya quemaron el Palacio de Gobierno en Chilpancingo, el Ayuntamiento de Iguala, las sedes del PRI y del PRD ¿Por qué no resguardan los edificios públicos?

El góber Rogelio se niega a utilizar la fuerza pública para evitar el vandalismo. Lo declaró a los cuatro vientos. “Prefiero renunciar, antes que meter a la policía ”, dijo el pasado martes.

Así que a romper y destrozar, que nada les va a pasar.

La actitud del sustituto preocupa en serio. “Le está haciendo al Gandhi. Nada más que Guerrero no es la India”, nos dijo, mordaz, un exalto funcionario del gobierno de Guerrero. “No se trata de reprimir, sino de hacer valer el Estado de derecho”, puntualizó.

La fuente recordó que en tiempos de Ángel Aguirre, los maestros de la CETEG nunca pasaron del centro comercial La Isla, ubicado cerca del aeropuerto. El gobernador con licencia contaba sólo con mil 500 policías antimotines. Insuficientes. Pero se apoyó en cinco mil taxistas dispuestos a defender la chuleta, cuando intentaron tomarle el estratégico lugar.

Los ayotzinapos desistieron.

El gobierno federal no se queda atrás. Elementos federales asistieron impávidos a la toma del aeropuerto de Acapulco durante tres horas y media. Al Ejército, la Marina y la Policía Federal les toca resguardar esas estratégicas instalaciones. La orden era no intervenir, para no calentar.

Había un acuerdo de que sólo lo ocuparían tres horas.

Nos cuentan que la elección de Rogelio Ortega, secretario general de la Universidad de Guerrero, fue cosa de Los Chuchos.

El rector Javier Saldaña de esa casa de estudios estaba apuntadísimo. Él quería ser. Pero la dirigencia del PRD no le tenía confianza. Se movía en dos pistas. “Éste nos va a vender con el PRI”, comentaron los de Nueva Izquierda.

“¿Cómo ves a Rogelio Ortega?, preguntó Jesús Ortega, El Chucho mayor, al todavía gobernador Aguirre. “Ni bien ni mal. Creo que es un hombre decente. Abona su trayectoria”, le dijo.

Y le dieron para adelante.

El sustituto no se la esperaba. Buscó a Aguirre. Le dijo: “Yo no estaba en ésta, pero voy si usted me apoya”. Ya con las maletas en mano el todavía gobernador le dio su respaldo, a condición de que continuara con programas que había iniciado como el Acabús o el Macrotúnel.

Y así eligieron al improvisado.

Fuentes confiables nos aseguran que ni Miguel Osorio Chong, titular de la Segob; ni Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, quisieron que el gobernador Ortega estuviera en la reunión que sostuvieron en el aeropuerto de Chilpancingo, el pasado martes, con padres de familia de los normalistas “desaparecidos”.
Y es que el sustituto hizo unas desafortunadas declaraciones que lo invalidaron como interlocutor. Dijo públicamente: “Los ayotzinapos pasaron de víctimas a victimarios”.

Alfonso Ramírez Cuéllar, líder del Barzón, se va del PRD. Dice que ese partido sucumbió al poder del dinero.

En su carta de renuncia, dirigida a Carlos Navarrete, presidente del sol azteca, señala que “no tiene caso seguir”.

“En muchos estados —agrega— ya se renunció a ser oposición y se cancela la obligación de constituir los contrapesos suficientes al abuso de poder. El partido se quedó sin nada qué decir y en muchos lados, en verdad, ya no dice nada”, recalcó.


La estupidez de la Federación Mexicana de Futbol


CARLOS PUIG MILENIO
13/11/14


El fin de semana pasado, por alrededor de 10 minutos, durante el juego en que el León recibió al Puebla, los integrantes de la porra Los de arriba del equipo local levantaron unos cartelones con el número 43 y una manta que decía “Gobierno asesino”.

No sobra decir que ambas cosas eran exactas: son 43 los jóvenes desaparecidos y la Procuraduría General de la Republica ha dicho tener indicios sólidos de que fueron asesinados por órdenes de un presidente municipal, es decir, el gobierno.

Pues bien, la Federación Mexicana de Futbol, la misma que se pasa por el arco del triunfo las reglas de FIFA sobre propiedad múltiple, de anuncios durante los partidos, transferencias de jugadores y otras cositas… Esa misma fue a buscar en el más recóndito articulado del Reglamento de Sanciones.

Encontró el artículo 13, que dice:

“Los organizadores se reservan el derecho de admisión a personas que debido a su comportamiento obstaculicen o pongan en peligro la seguridad y el orden en un partido, por encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas. Los organizadores podrán auxiliarse, en su caso, de medios y elementos de comprobación de ingesta de bebidas alcohólicas, que se localizarán en el lugar que al efecto determine cada Club.

“Los organizadores se reservan el derecho de admisión a personas que hayan cometido alguna falta grave en el desarrollo de algún partido organizado por la LIGA MX/ASCENSO MX y/o sus afiliados…

“Asimismo, queda estrictamente prohibido introducir al Estadio:

i) Trapos, mantas, cartulinas y banderas monumentales; la introducción y exhibición de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que impliquen  incitación a la violencia, política o racismo o que estén prohibidos por la FMF”.

Y entonces… 350 salarios mínimos de multa al Club León. Una bicoca, sí, pero que provocará que este fin de semana los equipos sean especialmente cuidadosos que algo así no suceda en los estadios.

La FMF lo tiene claro: mejor que prendan la puerta de Palacio Nacional o el Congreso de Chilpancingo a que levanten unas mantas en un estadio.

No debería de extrañarnos de genios de la talla de Compean y De Maria; pero uno creería que viendo la tempestad… al menos se cubrirían.

dudarazonable@milenio.com


Twitter: @puigcarlos

jueves, 6 de noviembre de 2014

¡ Canta Abarca y... todos a temblar !

Miércoles 05 de noviembre de 2014

EL UNIVERSAL

Es probable que con la detención de la pareja Abarca no sea posible saber, en el corto plazo, el lugar donde se encuentran los 43 normalistas y/o sus cuerpos, que es la principal razón del Estado. Y la explicación es elemental. ¿Por qué?

Porque si bien los Abarca aparecen como autores intelectuales de la muerte de seis personas y el secuestro de los 43, lo cierto es que ellos habrían ordenado entregar a los jóvenes a la banda criminal de los Guerreros Unidos, los que al final se los llevaron.

Sin embargo, lo que seguramente ya sabe la autoridad federal es el tamaño de la red criminal, los nexos políticos, empresariales, religiosos, con gobiernos municipales, con el gobierno estatal y los congresos local y federal, que hicieron posible crear tal red criminal que se apoderó de Iguala y de buena parte de Guerrero.

Y sin duda que a partir de la noche de ayer son muchos los que no duermen, los que estarán temblando y/o quienes analizan la posibilidad de seguir los pasos de los Abarca. ¿Por qué? Porque pronto van por ellos. Y es que con la detención de Abarca, el gobierno de Peña Nieto tiene en sus manos una mina de información que seguramente podrá revertir el maniqueísmo desatado en su contra.

Y seguro el primero que habrá puesto las barbas a remojar es Andrés Manuel López Obrador. Y es que el criminal más buscado —y su esposa— ya habrán revelado todo lo que saben respecto de la compra de la candidatura como alcalde de Iguala; el precio pagado y a quién habría beneficiado el dinero y los votos aportados por Iguala a la causa presidencial PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

El gobierno federal ya tiene en su poder toda la información para salvar carreras políticas o mandar a prisión a los promotores políticos de Abarca, aquellos que a sabiendas de que pertenecía al crimen organizado le vendieron una candidatura de alcalde. El gobierno sabe santo y seña de los que brindaron protección política a Abarca, que solaparon sus arreglos con el cártel Guerreros Unidos y que le ayudaron a escapar de Iguala y permanecer prófugo durante los últimos 37 días.

La autoridad federal también sabe el grado de responsabilidad y complicidad del ex gobernador Ángel Aguirre, de las dirigencias estatales y nacionales del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano y, en especial, de AMLO. El gobierno federal también pudiera saber en este momento el número de alcaldes del PRD, del PRI, del PAN —y de funcionarios del gobierno estatal, de la rectoría de la UAG y de otras dependencias—, que son parte de esa extensa red criminal conocida como Guerreros Unidos.

Y como la información es poder —y en especial todo aquello que sabe un político y criminal como Abarca—, no sería extraño y no sería un asunto menor que pronto empiecen a caer las cabezas de políticos y gobernantes presuntos implicados con los criminales que convirtieron al estado de Guerrero en una entidad sin ley, en manos de las bandas criminales que —sin la tragedia del 26 de septiembre, sin la muerte de seis personas y la desaparición de los 43 normalistas—, habrían seguido impunes.

Y claro, a estas alturas, el gobierno federal seguramente ya realizó una reconstrucción de hechos del primer ataque, del posterior secuestro de los normalistas y de los pasos que siguieron a su levantamiento en Iguala. Y es que si bien la declaración de Abarca y de su esposa son la confesión de los autores intelectuales del crimen de los normalistas y del secuestro de otros 43; es sólo una parte de todo lo que realmente ocurrió.

Pero también se sabrá —con la declaración de Abarca y su esposa— si es verdad que grupos o dirigentes de la Normal de Ayotzinapa se habrían ligado con bandas del crimen que disputaban el territorio a los Guerreros Unidos y que, por esa razón, se produjo la tragedia. O si bien es cierta la hipótesis de que todo fue producto de un capricho político; impedir que los normalistas opacaran la imagen de la primera dama —de la pareja imperial—, y potencial sucesora en el cargo de la alcaldía de Iguala.

De igual manera, es probable que la pareja imperial haya “cantado” sobre otras matanzas ocurridas en la región de Iguala, en donde han aparecido no pocas fosas clandestinas que fueron utilizadas por grupos criminales que sepultaron a sus víctimas. ¿Cuántos muertos deben los Abarca? ¿Cuántas muertes costó construir su imperio caciquil?
Sí, el gobierno de Peña Nieto dio el primer gran golpe en la crisis de Iguala, pero también es cierto que tiene en sus manos una mina de oro que puede cambiar la historia. Al tiempo. 

twitter: @ricardoalemanmx

lunes, 3 de noviembre de 2014

PGR indaga a procurador de Guerrero; habría protegido a Abarca


Ni en SEIDO, ni como delegado estatal de PGR en Guerrero, ni como fiscal de ese estado Iñaky Blanco actuó en su contra; esta semana podría dejar el cargo





La Procuraduría General de la República (PGR) investiga el posible encubrimiento o protección que recibió el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, buscado por el homicidio y desaparición forzada de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de parte del aún fiscal (procurador) General de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera.

Las sospechas sobre la actuación de Blanco recaen no solamente por su actuación en los últimos meses, sino desde el sexenio pasado, cuando ocupó varios cargos tanto en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) así como al frente de la delegación estatal de la PGR en Guerrero, cuando Abarca fue candidato a alcalde.

Autoridades federales indicaron a 24 HORAS que en breve, posiblemente esta misma semana, Blanco dejará de ser fiscal general de Guerrero, y las investigaciones en donde está relacionado podrían acelerarse. El funcionario tiene una carrera de más de 12 años en el servicio público.

En su comparecencia ante la SEIDO, la semana pasada se pidió a Blanco un balance de las indagatorias que realizaron desde el ataque a los estudiantes, pero también fue interrogado sobre la información con la que contaba respecto a Abarca en el pasado, y se le pidió que estuviera localizable para futuros llamados.

“Esta información se va a analizar, sólo fue una declaración en calidad de testigo pero los datos van a verificarse con la evidencia que se reúne y el Ministerio Público verá qué determinación toma, si hay responsabilidades por acción u omisión”, señaló un funcionario ministerial.

Sus antecedentes

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó que entre 2010 y 2012 se iniciaron averiguaciones previas en la PGR contra Abarca por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, pero ninguna prosperó por supuesta falta de evidencias.

En ese lapso Iñaky Blanco se desempeñó como titular de la Unidad de Investigación Especializada de Secuestro en la SEIDO (antes SIEDO) de la PGR, área a la cual, según las fuentes consultadas, llegaron datos de actividades delictivas de células de los Beltrán Leyva en Guerrero que involucraban al entonces empresario José Luis Abarca.

El 11 de agosto de 2011, Blanco fue designado como titular de la delegación estatal de la PGR en Guerrero, cargo en el que se mantuvo hasta junio de 2012. Durante ese lapso Abarca se convirtió en candidato a la presidencia municipal de Iguala.

Denuncias ciudadanas alertaron del nexo de Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda con los Beltrán Leyva. Se advirtió que con dinero del narcotráfico estaba financiando su propia campaña, regalando toneladas de cemento, centenares de despensas, ofreciendo locales en su centro comercial Tamarindos, departamentos, entre otros.

Los delegados estatales de la PGR tenían instrucciones de alertar e investigar los posibles vínculos con actividades ilícitas de candidatos en el proceso electoral. El delegado Blanco no advirtió nada respecto a Abarca.

Retraso sospechoso

El 30 de septiembre policías ministeriales de Guerrero tenían la instrucción de trasladar a José Luis Abarca al Ministerio Público tan pronto pidiera licencia a su cargo. El problema fue que los agentes llegaron 10 minutos tarde y el ex edil ya se había escapado.

La PGR sospecha que la fuga de Abarca, junto con la de su esposa y el jefe de la policía de Iguala fue una operación planificada desde antes de que pidiera licencia. Imágenes de la ceremonia evidencian que la pareja presidencial saliente estaba acompañada por personas vestidas de civil con radios de comunicación que se coordinaron con otros para el posible escape.


Lo anterior fue posible además porque Abarca no contaba con el resguardo previo de agentes estatales que, independientemente de que pudieran detenerlo o no, tenían la instrucción de darle seguimiento todo el tiempo. Sobre este punto en particular también fue interrogado Blanco junto con otros funcionarios estatales en la SEIDO.

Agradece López Rosas al Movimiento Ciudadano de Acapulco, por el altar de Día de Muertos



Buen Día.

Felicito al Movimiento Ciudadano de Acapulco A.C. y al comité QUE PRESIDE EL ARQ. Rubén Ocampo Morán, POR LA INSTALACIÓN DE UN AÑO MÁS DEL ALTAR A LOS MUERTOS, EN LA PLAZA GUATEMALA. 

En esta ocasión me abstuve de asistir porque es impactante lo que ocurre en nuestro entorno, la muerte ya es algo cotidiano, en el Estado y en el País, La abundancia de víctimas de la violencia como que no me motivó para festejar la muerte, cuando menos públicamente, en lo privado mis muertos están en mi memoria y en mi corazón, no solo familiares sino también amigos entrañables. CUÁNTOS MUERTOS SIN LUGAR PARA FIJAR UN EPITAFIO, CUANTOS VIVOS QUE SIEMBRAN CUERPOS, DONDE DEBE HABER FRUTALES, ¿SERAN SERES, SERAN HUMANOS?


¡ SALUDOS !



domingo, 2 de noviembre de 2014

El relato fantástico que fue tomado en cuenta por la PF

       Los comunitarios y los federales hicieron parte del viaje en lanchas. (Jorge Carballo)



Desde que se involucraron en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los comunitarios de la Upoeg andan a la caza de pistas donde puedan encontrarlas

HISTORIA POR VÍCTOR HUGO MICHEL MILENIO
01/11/2014

Guerrero - Esa madrugada del miércoles pasado el sicario ya había bebido los suficientes mezcales para comenzar a fantochear.

—Nos los llevamos a la Cueva del Diablo. Matamos a los más bravos y a los otros los tenemos ahí —balbuceó frente a sus compañeros, un grupo de tipos de mala pinta.

En la mesa de al lado, un cliente solitario aguzó el oído para agarrar todos los detalles del relato. Había mucho que escuchar: la lengua se le había soltado al matón a sueldo en esa cantina de poca monta de Iguala, donde más de uno sabe que es de sentido común callar para mantener la cabeza pegada a los hombros, aún ahora, con la ciudad tomada por los federales. Pero nuestro sujeto, aceitado por los mezcales, descartó toda regla de discreción. O dijo lo que sabía, o comenzó a imaginar cosas.

—Los subimos a dos camiones de pescado y luego nos los llevamos en lanchas por el Balsas. Tenemos vivos a la mitad en la cueva —contó. Sus compañeros escuchaban atentos.

El sicario, o quien quiera que fuera, decía trabajar para los Guerreros Unidos. No era —y quedaba muy claro— un tipo prudente, menos con la guerra que se ha desatado con Los Rojos y con agentes de inteligencia por todos lados. Vaya, medio Cisen se encuentra en el estado. Pero con solo una botella encima acababa de soltar la sopa a sus amigos de farra. Dio varios detalles: la noche del 26 de septiembre balearon a tres en Iguala y luego tomaron camino hasta la presa El Caracol de madrugada, en una carretera que serpentea entre la montaña y que termina casi junto al agua. Después de transportarlos en lanchas río abajo, a los muchachos se les había hecho marchar en fila india en la selva. No todos llegaron. Algunos murieron asesinados en el camino, sus cuerpos fueron lanzados por la borda.

El relato seguía con más detalles. La cueva en la que los tenían retenidos estaba a una hora y media en barco de Acatlán, en una localidad conocida como Acatlancillo, cerca de una cascada sin nombre.  Más de la mitad de los normalistas seguían ahí, atrapados, bajo la custodia de una recua de narcos.

—Están vivos —insistió el sicario.

 Y así, de súbito, el secreto mejor guardado de México se ventilaba en un bar, escapándosele a un tipo con tragos de más. A unos metros, en la mesa contigua, el cliente de oídos agudos, que en realidad era un policía comunitario de la Unión Popular de Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), dio las gracias a la mesera, pagó su trago y regresó a su campamento con la primicia.

En la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, un misterio que ha desafiado al Estado mexicano y al gobierno federal durante más cuatro semanas, había un nuevo, aunque poco probable y hasta disparatado rastro. Pero la desesperación lleva a buscar en donde sea. A las fosas de Iguala, las de Cocula y los huesos sumergidos en el río San Juan se añadía la pista más extraña hasta el momento.

Invención o no, el relato fantástico fue tomado en serio en varios niveles, incluidos los oficiales. Abría la posibilidad de hallar con vida a estudiantes que hasta entonces habían sido buscados en pretérito, solo en fosas. Se trataba de algo tan sencillo como esperanza, de aquello que si no existe es reemplazado por la muerte, según define el antropólogo Michael Taussig.

“Sin la esperanza lo que queda es la muerte. La muerte del espíritu. La muerte de la vida, donde ya no hay sentido de regeneración o renovación”, sostiene.

***

La Upoeg lleva un mes de trabajos casi heroicos. No vuelven a casa desde septiembre. Nadie les paga y tienen que racionar la gasolina. De día mal comen y de noche, cuando pueden, duermen en un campamento en el zócalo de Iguala. Son como sabuesos alocados: andan por brechas y sierras donde nadie en su sano juicio se metería y en ese trajín han descubierto varias fosas con cuerpos. Han sido más eficientes que muchos criminalistas entrenados.

Pero comienzan a sufrir el desgaste de la búsqueda. Su ropa se ve sucia. Sus vehículos lucen más destartalados y polvosos de lo habitual, que ya es decir mucho. Encima, varias esposas están sumamente molestas por la larga ausencia de sus hombres, que hace cuatro semanas se fueron a tratar de encontrar a los jovencitos de Ayotzi armados de machetes e imbuidos de un primordial sentido de justicia.

“Mi esposa me regañó el otro día, que cómo es que dejaba a mi familia, que me ponía en riesgo, que los ponía en peligro y yo le dije ‘¿y a la familia de esos chicos, qué? ¿A ellos quién los ayuda a encontrar a sus hijos?’”, dice Lucas Pita, un igualteco que dejó todo por ir a la búsqueda de los normalistas. Es una opinión ampliamente extendida entre sus compañeros. “Vamos a encontrarlos vivos”, promete Crisóforo García, uno de los comandantes.

Pero no han encontrado nada. O lo que han hallado —en las fosas de Iguala—, aún no ha sido plenamente identificado. En tanto, con el paso de los días las provisiones ya comenzaron a escasear. “Ojalá nos comiencen a apoyar los empresarios con gasolina. Es muy difícil trasladarnos de una comunidad a otra todos los días”, sostiene Lino Ponce, asistente de Bruno Plácido, líder y creador de la policía comunitaria guerrerense, que desde hace casi dos años mantiene su propia guerra contra la delincuencia organizada en varios municipios de Guerrero.

Desde que se involucraron en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, los comunitarios de la Upoeg andan a la caza de pistas donde puedan encontrarlas, como todos unos detectives tropicales. Cualquier dicho, cualquier rumor, es digno de ser revisado. Una fosa en el cerro: hay que ir. Una casa de seguridad en el pueblo: hay que revisarlo. Ropa en la montaña: puede ser de los chicos. “A estas alturas hay que descartar toda posibilidad”, dice don Migue, uno de los líderes de la columna estacionada en Iguala, donde han establecido una base de operaciones. Se trata de un campamento de casas de campaña al que a diario llegan datos y versiones.

Fue así como esta semana les llegó el rumor de la Cueva del Diablo y una misión se organizó al Nuevo Balsas, en uno de los confines más remotos de Guerrero, en la presa de El Caracol. El dato les resultó tan interesante que los comunitarios se acercaron a la Gendarmería, que por estos días ya está en Guerrero, con una petición:

¿No prestan algunos hombres y helicópteros para ir a la cueva?

La Policía Federal, tan hambrienta y desesperada por encontrar pistas como la UPOEG, dijo sí.

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Muchos lugares tienen su cueva del diablo. Son sitios que se prestan al mito y que generalmente involucran a un demonio que habita en su interior, donde lleva almas robadas. Una interpretación antropológica dicta que la caverna inconscientemente es asociada con una entrada al inframundo y, por ende, con la maldad. De ahí la replicación del mito en varios estados y países. En Iztapalapa hay una. En Mazatlán, otra. En Veracruz hay al menos dos. Alemania tiene la suya. Hay en Florida, Bulgaria, Brasil, Japón y Australia.

En Guerrero hay dos. La que nos atañe y que de alguna manera se filtró al tema Ayotzinapa, se encuentra cerca de Nuevo Balsas, a unos 30 kilómetros de Cocula, donde la Procuraduría General de la República realiza peritajes en un tiradero a cielo abierto y en el río San Juan. En ambos han sido hallados restos óseos y osamentas.

***

El jueves pasado, eran las 12 del día y una larga columna de gendarmes y comunitarios esperaba en el embarcadero de Nuevo Balsas a que un helicóptero Blackhawk terminara las labores de reconocimiento en el área circundante a la Cueva del Diablo. Los federales iban armados hasta los dientes. La Upoeg llevaba varas y machetes.

Formados junto a los botes, los gendarmes escucharon la advertencia de su comandante. “Hay que estar precavidos”, les dijo. “No hay condiciones en esa zona. Hay mucho plantío de mariguana y amapola”. En un mapa, los federales trazaron las siguientes coordenadas: latitud 17 grados, 55 minutos, cero segundos norte por longitud 99 grados, 58 minutos y 30 segundos oeste.

La Cueva del Diablo estaba trazada en un punto rojo.

(Mañana: La Cueva del Diablo)


lunes, 27 de octubre de 2014

Las FARC ya gobiernan Guerrero



Ángel Blanco / Primera Parte

CHILPANCINGO * 26 de octubre.

Con 39 votos a favor y 6 en contras, el Congreso del Estado, presidido por el perredista Bernardo Ortega Jiménez,  hijo del legendario fundador del Cártel de “Los Ardillos” de Quechultenango, municipio del cual Ortega fue presidente, nominó a Salvador  Rogelio Ortega Martínez como gobernador interino del estado de Guerrero, tras la renuncia de Ángel Aguirre Rivero por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y los seis restantes supuestamente asesinados en Iguala, el 26 de septiembre pasado, a manos del crimen organizado y por instrucciones de las mismas autoridades de la localidad.

Rogelio Martínez es licenciado en Sociología, con especialidad en Historia, por la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro); fue dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guerrero (FEUG), posee una Maestría en Estudios Latinoamericanos y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología, ambas realizadas en la Universidad Complutense de Madrid, avaladas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El gobernador interino fue parte de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria en Guerrero (ACNR), una célula subversiva con raíces en el movimiento guerrillero del Genaro Vázquez Rojas.
Pese a sus anhelos, Ortega Martínez no ha consolidado su sueño de ser rector de la Uagro. Contendió en dos ocasiones por la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la que es catedrático desde 1976, pero no ganó.

Es autor y coautor de siete libros y ha publicado artículos y ensayos en revistas y medios de circulación nacional.
En el terreno público, Rogelio Ortega fue subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), durante los primeros seis meses del gobierno del perredista Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, que asumió el poder de Guerrero en 2005.
Pero en su vasto y trascendental curriculum figura un hecho que tiene atemorizados a los guerrerenses.

LAS FARC DE COLOMBIA EN MÉXICO

Salvador Rogelio Ortega Martínez fungía como director del Instituto Internacional de Estudios 
Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano”  de la Universidad Autónoma de Guerrero, que él mismo fundó, cuando el 18 de marzo del 2008  el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del ahora gobernador interino, por ser el supuesto enlace con las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC), legendario grupo guerrillero integrado por terroristas y secuestradores de toda índole, cuyo accionar consisten en “narcotráfico, guerrilla, terrorismo, secuestro y asesinato”. Sus víctimas en varios países, incluido México, son ya incuantiables.

De acuerdo con  la  denuncia, Ortega Sánchez, quien se adhirió al PRD en el 2002, era un “enlace” de la guerrilla de Colombia en México y se le señala en diversos ilícitos de secuestro y triquiñuelas hacia el interior de la Uagro para mantener el control de las FARC en la Máxima Casa de Estudios de Guerrero.

Entre sus aliados figura Florentino Cruz Ramírez, a quien Ángel Aguirre terminó suspendiendo del cargo de secretario general de su gobierno, en mayo de 2013, tras las alertas rojas que se prendieron en advertencia sobre la presencia de las FARC en el poder de Guerrero.

Sin embargo, parece coincidencia que finalmente las FARC no solo tendrán poder, sino que ahora ya son ‘dueñas’ de los designios de Guerrero, por mandato constitucional y aval del Congreso del estado.

Al respecto, las preguntas que causaron revuelo entre algunos ciudadanos, tras el ungimiento de Rogelio Ortega como gobernador interino, es: “¿no sabía el Congreso de Guerrero de los nexos de Ortega con las FARC, el grupo guerrillero más radical, sanguinario e inhumano, especializado en tácticas de guerrilla, secuestro, narcotráfico, terrorismo, homicidios y espionaje internacional?  ¿No lo sabía el Cisen, no lo sabía el Presidente de la República, no lo sabía el CEN del PRD, que había jurado poner más atención a los antecedentes de sus candidatos?

CRONOLOGÍA MALDITA

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), José Antonio Ortega Sánchez, precisa  que para complementar la acusación ante la PGR contra Ortega Martínez se entregó la copia de los archivos hallados en la computadora del vocero internacional de las FARC, alias “Raúl Reyes”, muerto en un bombardeo del Ejército colombiano a un campamento de la guerrilla en Ecuador.

En ella se reseña que el actual gobernador interino de Guerrero “solicitó en el año 2002 a las FARC un préstamo por 40 mil dólares para realizar actividades proselitistas en su búsqueda por la rectoría de la (Uagro).

A cambio de ello, Ortega Martínez, “a través de los representantes de las FARC en México, Olga Marín y Marco Calarcá, se comprometió a devolver 100.000 dólares”.

La garantía inicial del préstamo sería que “un grupo armado, del cual Ortega Martínez formaba parte, a saber, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), fundadas por Carmelo Cortes Castro, tras la muerte de su líder y comandante supremo, Lucio Cabañas Barrientos, fundador del Partido de los Poblres (Pdlp) obtendría el pago del rescate por una persona a la que habían secuestrado, así como el acceso que las FARC tendrían en las arcas universitarias, en caso de que él mismo se convirtiera en rector de la Universidad”, complementa la denuncia en poder de la PGR y el mismo Cisen.

La denuncia, según el dirigente del CCSPJP, se presentó ante las autoridades mexicanas como parte de la ampliación de la averiguación previa contra la estudiante mexicana Lucía Morett por los supuestos delitos de delincuencia organizada y terrorismo.

Morett, quien sobrevivió a la incursión en la que murió alias “Raúl Reyes” y 25 personas más, entre ellas cuatro estudiantes mexicanos, es requerida por el Gobierno de Ecuador, junto con otras dos colombianas asiladas en Nicaragua, para ser juzgadas por el delito de “atentado contra la seguridad interna del Estado”.

Ortega Martínez, es referido recurrentemente en dicho caso, todos vinculados a secuestros y extorsiones en nombre de las FARC, quienes en Guerrero hallaron acomodo en la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), gracias al cobijo de Rogelio y Florentino Cruz Ramírez, representantes “distinguidos” –como los llamaba el máximo jerarca de las FARC– de dicho grupo en México y el estado de Guerrero.

Debe dejarse en claro que el nombre de Salvador Rogelio Ortega Martínez no es la primera vez que causa revuelo por su nexos con la guerrilla y los secuestros; el fallecido general Mario Arturo Acosta Escápite, o “General Acosta Chaparro”, como de hacía conocer, comúnmente, lo menciona en su “Libro Negro” sobre la “Guerrilla en México”, donde narra todos los pormenores, con “santo y seña”,  de todos los actores sociales de la etapa roja del México de los 70, así como sus métodos ilícitos para autofinanciarse, destacando entre ellos la extorsión y el secuestro.

El autor de la denuncia, tachado por un grupúsculo de “intelectuales” y periodistas “sesudos”, como se autodenominan, manifiesta que en el caso del gobernador interino de Guerrero –que siempre negó sus nexos con la FARC, motivo por el cual todos le creyeron y hoy lo magnifican como ejemplo de ser humano–, que aunque los correos encontrados en la computadora del Comandante Reyes no señalan la persona que, supuestamente, estaba secuestrada por el grupo armado de Rogelio Ortega, las FAR, de  acuerdo con las investigaciones “todo parece indicar” que se trató de del padre del entonces diputado local del PRI, José Luis Ávila López, por el cual se pagó un rescate de un millón de dólares”.

Y aunque investigaciones posteriores revelaron que detrás de ese plagio estuvo una célula perteneciente al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), integrado por ex miembros de la ACNR y FAR que dieron también cobijo a Rogelio Ortega en sus mejores años de activista social, el CCSPyJP recordó que, según sus propios recuentos, entre 1999 y 2008 se cometieron más de 160 plagios, en todo el país, cometidos por grupos subversivos y guerrilleros, los cuales les redituaron ganancias estimadas en más de 100 millones de dólares.

“Es muy probable que Ortega Martínez y su organización hayan participado en varios de esos plagios, con la asesoría de las FARC, mientras él y sus compinches participaban en política y se beneficiaban de la legalidad” añade la asociación civil”, complementa Ortega Sánchez.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que pese a los adjetivos de facista sigue en pie de lucha en el tema sobre la presencia del narcotráfico, guerrilla y terrorismo extranjero en México, trabajo que le valió el respeto y respaldo del propio ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe  Vélez, quien accedió a reunirse en Cancún con el CCSPyJ, durante el gobierno del panista Vicente Fox Quezada, y cuyas evidencias fueron respaldadas por la misma Interpol,  según consta el documento 

“EVIDENCIA 0062: INFORME FORENSE DE INTERPOL SOBRE LOS ORDENADORES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS FARC DECOMISADOS POR COLOMBIA. MAYO DE 
2008”, deja en claro que el pasado de Salvador Rogelio Ortega Martínez en los puestos de mando de la guerrilla mexicana no es nuevo, “formó parte, en la década de los ochenta, de la Dirigencia Nacional de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), una organización de corte subversivo ligada con secuestros, atracos y homicidios”, según reportes miliares elaborados por el General Mario Arturo Acosta Chaparro, a quien nadie tacha de fascista ni pone en entredicho sus investigaciones “ni de broma”.

LA HISTORIA EN VOZ DE QUIENES LA ESCRIBIERON

Efecto Espejo da cabida íngra a la cronología vertida por quienes en su momento alertaron al Gobierno de México, a sus legisladores y a la ciudadanía, en general, sobre la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en México, así como sus 35 operadores nacionales, entre quienes se halla el “dintinguido” catedrático de la Uagro, Salvador Rogelio Ortega Martínez, gobernador interino de Guerrero para el periodo 2014-2015.

Rogelio Ortega Martínez, el flamante gobernador interino de Guerrero, es un secuestrador ligado a las FARC

Por: CCSPJP   

MÉXICO * 26 de octubre.

En marzo de 2008, tras del ataque de las fuerzas del orden de Colombia contra una campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Sucumbíos, Ecuador, denunciamos penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) a varios mexicanos que estuvieron en el citado lugar y/o estaban vinculados con el grupo terrorista.

Un año después, en marzo de 2009, presentamos ante la PGR una segunda ampliación de nuestra denuncia con nuevas informaciones. En el boletín de fecha 18 de marzo de 2009, relativo a la ampliación de nuestra denuncia, señalamos:

Documentos hallados en las computadoras de “Raúl Reyes” con relación a México, han revelado que políticos mexicanos de izquierda al mismo tiempo que en apariencia mantienen una actuación política formalmente legal, participan en acciones terroristas.

Tal es el caso de Rogelio Ortega Martínez, militante del PRD y alto funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).

Este sujeto en enero 2002 les pidió a los representantes de las FARC en México, “Olga Marín” y “Marcos Calarcá” le prestaran 40 mil dólares y se comprometió a devolver 100 mil. La garantía inicial del préstamo sería que un grupo armado – del cual Ortega Martínez formaba parte – obtendría el pago del rescate por una persona a la que habían secuestrado, así como el acceso que las FARC tendrían a las arcas universitarias, en caso de que el mismo sujeto Ortega Martínez se convirtiera en rector de la Universidad.

En efecto, Rogelio Ortega Martínez participó en las elecciones de rector celebradas en la UAG en marzo de 2002. Quedó en segundo lugar, perdió por escaso margen de votos y estuvo a punto de ganar.

“Olga Marín” y “Marcos Calarcá” comunicaron la petición del préstamo al número 2 de las FARC “Raúl Reyes”. Este autorizó el préstamo, aunque pidió garantías adicionales.

Los correos no señalan el nombre de la persona secuestrada por Ortega Martínez y sus compinches, pero todo parece indicar que se trató de Luis Ávila Marbán, padre del diputado local del PRI, José Luis Ávila López. La víctima fue privada de su libertad el 17 de octubre de 2001 en Huitzuco, Guerrero y liberado el 26 de enero de 2002, tras el pago del rescate (trascendió que fue por un momento de 1 millón de dólares).

En septiembre de 2003 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones detuvieron a integrantes de una banda de secuestradores, que habían cometido plagios en diversas entidades federativas y pertenecían al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una escisión del Ejército Popular Revolucionarios (EPR). Entre los secuestros que estos plagiarios cometieron figuraba el de Luis Ávila Marbán.

En un correo de marzo de 2003, “Olga Marín” y “Marcos Calarcá” le propusieron a “Raúl Reyes” la participación de las FARC en la comisión de secuestros en México, en asociación con el grupo armado clandestino de Rogelio Ortega Martínez.

Cabe señalar que a partir de 2001 han habido en el Estado de Guerrero decenas de secuestros en lo que la policía tiene sospechas o la certeza de han sido cometidos por grupos terroristas. Asimismo si se va más atrás hay 129 casos de secuestro en Guerrero entre 1986 y 2006, en los que existe la sospecha o la certeza de la intervención de grupos terroristas. Se estima que en todo el país, entre 1999 y 2008, los grupos armados clandestinos han cometido más de 160 secuestros y han obtenido alrededor de 100 millones de dólares en rescates.

Es muy probable que Ortega Martínez y su organización hayan participado en varios de esos plagios, con la asesoría de las FARC, mientras él y sus compinches participaban en política y se beneficiaban de la legalidad.

Rogelio Ortega Martínez a inicios de los años ochenta fue parte de la dirigencia nacional de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), fundada por el terrorista Genaro Vázquez Rojas, muerto en 1972. Esta organización estaba dedicada a cometer secuestros, atracos y asesinatos.
Ortega Martínez también fue dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Guerrero y en 1989 fue de los fundadores del PRD en Guerrero, partido al cual se unió la ACNR, que se mantuvo como una de las facciones perredistas. En 2002, cuando Ortega Martínez contendió por la rectoría de la UAG, contó con el apoyo de la ACNR.

En 2003 Ortega Martínez se alejó del PRD y fue el presidente estatal del Partido México Posible, que participó en las elecciones federales de ese año y no pudo obtener el registro. A partir de 2004 regresó al PRD y en 2005 fue activo participante en la campaña del actual gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca.

En 2006 Ortega Martínez volvió a presentarse como candidato a la rectoría de la UAG (de nuevo con apoyo de la ACNR), pero declinó en favor del candidato Germán Cerón Silverio. Ortega Martínez es mencionado como uno de los posibles aspirantes a la rectoría de la UAG en el proceso de 2010.
Constituye una nueva infamia de la clase política de Guerrero el que un terrorista y secuestrador haya sido electo para sustituir a Ángel Aguirre, orillado a renunciar por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de 43 personas.

Por si todavía quedaran dudas, la elección de Rogelio Ortega Martínez confirma la inexistencia de los poderes legítimos del Estado en Guerrero y ratifica la necesidad urgente de que el Senado de la República reconozca esta realidad, nombre gobernador provisional y convoque a elecciones, como hemos venido demandando.

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