miércoles, 9 de septiembre de 2015

LOS 20 POLÍTICOS MÁS CORRUPTOS EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS EN GUERRERO


Por Bajo Palabra 

Acapulco, Guerrero. // 3 septiembre, 2015


Alcaldes, diputados, secretarios de despacho, senadores, gobernadores. Todos guerrerenses y todos acusados, por omisión o participación, de peculado, enriquecimiento inexplicable, mal uso de la función pública o de preferir las malas compañías. Por su grisura en su paso por la Cámara de Diputados o en el Congreso local; o por haber ordenado reprimir alguna protesta social o por haberla encubierto. De todos los colores partidistas y de todos lo niveles, estos son los 20 políticos guerrerenses más corruptos, más grises, más señalados por su mal desempeño en un cargo público.

Los alcaldes:
Mario Moreno Arcos: Al alcalde de Chilpancingo por segunda vez, no se le conocía ninguna propiedad suntuosa, de hecho era un político muy popular, hasta que la tormenta Manuel, ocurrida el 15 de septiembre de 2013, le afectó una casa que tiene en el fraccionamiento Río Azul, una zona habitacional en el sur de Chilpancingo. Cuando se le cuestionó sobre el inmueble dijo que era una casa de interés social que le costó alrededor de un millón de pesos, y que está pagando desde que fue diputado federal en 2009. Otras viviendas que están en la área tiene un costo de alrededor de 400 mil pesos. También, Moreno Arcos fue acusado por el líder de comerciantes Pioquinto Damián Huato de trabajar en colusión con la banda delictiva Los Rojos, que operan en Chilpancingo. Damián Huato sobrevivió a un atentado en enero de 2014, tras lo cual acusó de Moreno Arcos de ser el responsable.

Manuel Añorve Baños: Ex diputado local, ex presidente municipal de Acapulco, ex diputado federal, fue señalado por su correligionario Rubén Figueroa Smutny de haberse beneficiado de la amistad del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal (La Barby). Figueroa Smutny incluso calificó al también ex candidato a gobernador de Guerrero como “narcoalcalde”. Cuando salió de la alcaldía, el presidente municipal entrante, Luis Walton Aburto acusó a Añorve de haberle dejado un municipio con una deuda pública millonaria.

Félix Salgado Macedonio: Ex senador, ex alcalde de Acapulco, ex candidato a gobernador. Después de terminar su periodo como presidente municipal de Acapulco, Salgado se hizo director de la franquicia de La Jornada en Guerrero y un año más tarde, socio mayoritario. Salgado fue señalado de múltiples irregularidades en su administración municipal por su sucesor, Manuel Añorve Baños. A Salgado se le recuerda sobre todo por sus desenfrenos, y sus excesos, cuando fue senador y diputado federal.

José Luis Abarca Velázquez: Ex alcalde de Iguala, Abarca es quizá el político defenestrado más criticado de todos los tiempos. El dirigente social, Nicolás Mendoza Villa lo señaló de haber asesinado al dirigente de la organización Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, en mayo de 2013, luego de que ordenó que los “levantaran” junto con otros seis compañeros más, incluido Mendoza Villa. Un año después, tuvo que renunciar a la alcaldía por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de otros seis el 26 y 27 de septiembre. Según la versión de la PGR, policías municipales los detuvieron y los entregaron a narcos de la banda criminal Guerreros Unidos. A José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, se les acusa también de enriquecimiento ilícito.

Los gobernadores:
Ángel Aguirre Rivero: Ex diputado federal, ex senador, ex gobernador de Guerrero, salió por la puerta trasera del gobierno en 2014, luego de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en Iguala, en septiembre del mismo año. Meses después de su salida su hermano, Carlos Mateo Aguirre fue arrestado acusado de malversar 287 millones de pesos de las finanzas públicas del estado. Aunque el ex gobernador no fue señalado como responsable directo de estos hechos, sí lo fue por haber permitido el presunto peculado de su hermano.

René Juárez Cisneros: Ex alcalde de Acapulco, ex diputado local, ex gobernador de Guerrero; ahora senador. Los señalamientos contra Juárez Cisneros le pesan desde que fue alcalde de Acapulco. Pero se hicieron más sonados desde que llegó a la gubernatura de Guerrero en 1999. De hecho una nota del diario The Washintong Post, firmada por su entonces corresponsal, Mary Jordan, lo señaló de encabezar un gobierno corrupto. A Juárez se le ligó con la constructora Torreblanca, beneficiada en licitaciones millonarias por su administración. Más tarde, quien en ese entonces fue su colaborador, Fernando Hinterholzer Diestel, llegó a asegurar que Juárez Cisneros era copropietario de la empresa.

Rubén Figueroa Alcocer: Cualquiera que conozca la trayectoria política y familiar de Rubén Figueroa Alcocer (senador, ex gobernador de Guerrero, hijo del también ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa) diría que lo tiene todo y su vocación empresarial desde la empresa autotransporte Figuermex pudiera confirmarlo; lo cierto es que durante su periodo de tres años como gobernador, 1993-1996, se dieron los hechos más grandes de corrupción y la matanza de Aguas Blancas, en la que policías estatales masacraron a 17 campesinos de la sierra de Coyuca de Benítez. Por este acontecimiento tuvo que renunciar.

Los funcionarios:
Los Hughes: Paulo Ignacio, Mauricio Francisco, Alejandro Carlos y Jorge Eduardo Hughes Acosta, el primero director de Desarrollo Urbano del gobierno de Guerrero con Ángel Aguirre Rivero, fueron aprehendidos por la PGR, acusados de desvío de recursos públicos por un monto de 287 millones 12 mil 594 pesos, distribuido, entre enero del 2012 y septiembre del 2014, a cuentas bancarias personales a través de las empresas Travesa, Comercializadora 2003 y Comercializadora Topacio. Según las investigaciones de la PGR, las entidades de las cuales se desviaron los recursos públicos son la Comisión Federal de Electricidad, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), la Tesorería de la Federación, la Comisión Estatal del Agua, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero.

Everardo García Mondragón: Ex secretario particular de Ángel Aguirre Rivero. Es señalado de tráfico de influencias y de uso indebido de la función pública. Por ejemplo, durante su periodo como funcionario de Aguirre, su hermano, Joaquín, fue nombrado delegado de los Servicios Educativos Acapulco-Coyuca.

Carlos Mateo Aguirre Rivero: Quizá el único, junto con los Hughes, que han pisado una cárcel por presunto desvío de recursos públicos. Carlos Mateo, hermano del ex gobernador Ángel Aguirre, fue acusado de peculado por 287 millones de pesos y ahora está preso en el Reclusorio Sur del Distrito Federal, luego de haber sido llevado al penal federal de El Altiplano, en el Estado de México.

Jorge Salgado Leyva: Ex alcalde de Zumpango, ex secretario de Finanzas con Ángel Aguirre Rivero. Jorge Salgado Leyva desapareció de la escena política de Guerrero tan pronto el gobierno federal detuvo a Carlos Mateo Aguirre Rivero y al clan Hughes por el desvío de 287 millones de pesos. Luego, notas periodísticas informaron que la Policía Federal cateó su casa en el Distrito Federal. Su hijo, el entonces diputado federal Jorge Salgado Parra, negó los hechos. Dijo: “el gobierno federal está actuando y nosotros somos respetuosos de cada una de las competencias. Vamos a estar a la expectativa”. Poco después, Salgado Parra retiró su precandidatura a la alcaldía de Chilpancingo por el PRD y más tarde se sumó a la campaña de Héctor Astudillo Flores. Se conoció que su dimisión se dio a cambio de la inmunidad de su padre.

Héctor Vicario Vastrejón: ex subsecretario de Finanzas, ex senador, ex diputado local dos veces, ex delegado de la SEDATU, ahora diputado local electo por el distrito 23. Se le ha señalado por enriquecimiento inexplicable. Aunque lo que más le ha pesado es que su nombre ha aparecido, en varias ocasiones, en narcomantas donde se le vincula con grupo delincuenciales de la zona Norte de Guerrero, de donde es originario.

Heriberto Noriega Cantú: De militante de la guerrilla en los años 70 a ahijado político del ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa. Ex diputado local y federal por el Partido Popular Socialista y luego fundador del Partido de la Revolución del Sur. Noriega Cantú se le conoce por casos de tráfico de influencias y uso indebido de la función pública cuando fue secretario de Desarrollo Social en el gobierno interino de Ángel Aguirre Rivero.

Rafael Acevedo Andrade: ex secretario de Finanzas en el gobierno de René Juárez Cisneros. Acevedo se vio involucrado en diversos actos de corrupción. El más sonado fue el desvío de mil 600 millones de pesos del Plan de Previsión Social que operó la Secretaría de Educación Guerrero, de acuerdo con una auditoría que el entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo ordenó a la dependencia. Además de Acevedo estuvieron involucrados el secretario de esta dependencia Daniel Pano Cruz y el secretario general de la sección 14 del SNTE, luego diputado local: José Natividad Calixto Díaz.

Los legisladores:
David Jiménez Rumbo: Ex diputado local, ex senador, a Jiménez Rambo se le recuerda de cuando era un estudiante universitario modesto. Ahora, medios nacionales como El Financiero, lo incluye en la lista de diputados federales plurinominales del PRD señalados de “usurpación de funciones para obtener beneficios económicos, enriquecimiento inexplicable, lavado de dinero y defraudación fiscal”. De modesto universitario, Jiménez Rumbo es hoy un político prolífico, propietario de ranchos y caballos pura sangre.

Sebastián de la Rosa Peláez: Diputado local un par de ocasiones, diputado federal ahora y próximo diputado local, a De la Rosa Peláez se le acusa primero de promover y luego de proteger desde su corriente, Nueva Izquierda, al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, cuando sobre éste ya pendía la acusación del homicidio del dirigente del PRD Arturo Hernández Cardona, ocurrido a mediados de 2013. Luego de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014, a De la Rosa se le acusó de haber preparado las condiciones para que Abarca huyera tan pronto dimitiera a la alcaldía.

Bernardo Ortega Jiménez: Ex diputado local, ex directivo del PRD, todavía diputado local. A Ortega le pesa mucho ser hermano de dos hombre señalados en reiteradas ocasiones de ser los cabecillas del grupo criminal Los Ardillos, una célula del narcotráfico perteneciente al Cártel de los Beltrán Leyva que opera en el municipio de Quechultenango, de donde Ortega Jiménez fue presidente municipal.

Verónica Muñoz Parra: De médico modesta, a alcaldesa de Chilapa, a diputada local y federal, a secretaria de Salud en Guerrero con René Juárez Cisneros. Muñoz Parra hoy es una prolífica política y diputada local próxima a salir de la 60 legislatura. Muñoz Parra fue demandada en 2005 por la administración del entrante gobernador Zeferino Torreblanca Galindo acusada de malversación de fondos cuando estuvo al frente de Salud. Junto con Muñoz hubo una veintena de implicados más, acusados de presentar más de 600 facturas apócrifas con tal de comprobar 17 millones de pesos ejercidos de julio de 2004 a mayo de 2005.

Alicia Zamora Villalva: 15 años en el poder público, primero como diputada local, luego como diputada federal, y otra vez como diputada local —puesto que ahora ocupa— ha destacado por su frivolidad y su nulo trabajo parlamentario. Y de cuando fue alcaldesa de 2005 al 2008 se hizo fama por reprimir a 17 indígenas que protestaron afuera del ayuntamiento en demanda de obra pública en sus comunidades. Por este y otros casos, fue llamada a comparecer ante el Congreso local.

Víctor Aguirre Alcaide: Ex diputado federal, ex subsecretario de Gobierno, y director del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. A Víctor Aguirre se le recuerda por el zafarrancho que protagonizó en Tlapa en julio del año pasado, cuando alcoholizado insultó a policías municipales que lo detuvieron porque conducía su vehículo en esas condiciones. Ese día, Aguirre, también ex candidato a diputado local, salía de festejar su cumpleaños en una corrida de toros pero no estuvo mucho tiempo en barandilla de donde salió tras llamar a sus superiores. Medios nacionales recuerdan como gris su paso por la 60 legislatura de la Cámara de Diputados. En los tres años de diputado, presentó siete iniciativas, de las cuales sólo una fue aprobada.

Y el gobernador electo:
Héctor Astudillo Flores: Tres veces alcalde de Chilpancingo, dos veces diputado local, una vez senador, ahora gobernador electo de Guerrero. Astudillo no tiene nada, todo lo que tiene es de su esposa Mercedes Calvo, un mujer proveniente de una familia tradicional, clasemediera, de Chilpancingo. Según Astudillo, su esposa ahora es una prominente empresaria que percibe ingresos cercanos a los cuatro millones de pesos al año. Así que, en su declaración patrimonial hecha el miércoles 29 de abril, en medio de la contienda por la gubernatura, declaró que sus propiedades se reducen a dos camionetas Jeep de unos 500 mil pesos cada una y dos cuentas de cheques con nueve mil 300 pesos en total. Mientras que su mujer tienen 12 propiedades en Guerrero y el Distrito Federal. Es decir: dos casas, dos edificios, dos predios urbanos y un predio rústico en Chilpancingo; tres departamentos en el puerto de Acapulco, y un departamento y una casa en la Ciudad de México.

¿QUIÉNES SON LOS ENCHUFADOS?



Ofelia Reza 

 ENFOQUE INFORNATIVO

Miércoles, 09 Septiembre 2015 

Les resultará novedoso leer la cabeza de mi artículo de opinión, pero es la expresión que se usa en España para los parientes, compadres, amigos y recomendados con la persona o personas que detentan el poder.

Nos deben preocupar a nosotros los ciudadanos este tipo de relaciones en donde cuenta más el afecto o intereses que la capacidad de la persona para desarrollar alguna actividad en especial. 

En el sector privado aunque se prefieren relaciones familiares son más escrupulosos en su selección. Porque se basan en resultados.

El sector público se ha visto invadido en arreglos, donde en perjuicio de los ciudadanos se seleccionan personas que ni siquiera tienen el perfil requerido para el puesto. Salud, Seguridad, Justicia, Educación, y Finanzas son encargos delicados, en el que sus respectivas leyes deben observar escrupulosamente al profesionista que se haga cargo de cubrir las carteras mencionadas.

Por ahora abordaremos el sector sensible y prioritario de nosotros los humanos -nuestra salud-.

Es patético esté sector amparado por nuestro artículo cuarto de la carta magna, en donde expresa que esta garantía individual debe ser proporcionada por el Estado. Una de las reformas incumplidas en esté gobierno es precisamente esta.

En el pasado informe presidencial se ponderó el Seguro Popular, bajo el supuesto que cubre más de 264 males que nos afectan, lo cual es una mentira. De que nos sirve tener un Seguro Popular sin la infraestructura hospitalaria que solvente la pretendida e ilusa cobertura de este instrumento que se convierte en un documento falso y fraudulento, en donde a través de la publicidad estatal se engaña al usuario y a la nación, haciéndoles creer que es una panacea.

Ya les demostré esta mentira; Ahora vamos a la pretendida homologación del sector salud prometida en la Reforma; la que a tres años no se ha podido realizar, en donde todo el sector hospitalario se transformaría en uno solo.

¿Dónde está?, ¿Dónde quedaron estos buenos deseos?, ¿Qué intereses obscuros han impedido su realización? ¿Será una mentira más…?

Nos ocuparemos ahora de la atención hospitalaria, en la que nos prometieron, médicos, enfermeras, personal administrativo con sensibilidad especial para tratar a los enfermos y ancianos.

¿Dónde están?, sigue el personal arrogante, insensible y grosero posesionados de nuestros hospitales públicos, donde solo falta que nos escupan y nos corran a patadas cuando necesitamos sus servicios.

En nuestro estado y municipio estamos  ya cerca de los cambios de gobiernos (municipal y estatal), en el que solicitamos se aplique la Ley de Salud, en la que se define perfectamente la calidad profesional que debe ostentar el que se ha escogido para desempeñar esta tarea –la salud pública-; No queremos un “enchufado” –léase recomendado-, que venga por parentesco o amistad a suplir al médico con merecimientos, pero sin influencias.

Demandamos el exacto cumplimiento de la norma en la materia, no queremos que vuelvan a brincarla, recordemos al doctor Lázaro Mazón Alonso que no reunía los requisitos de práctica hospitalaria requerida o al doctor Luis Rodrigo Barrera Ríos que no dio buenas cuentas en el gobierno y el actual secretario de Salud, Edmundo Dantes Escobar Habeica, que nos heredará una Secretaría sumida en el desprestigio.

Atención gobernador y presidente municipal electos, sean prudentes en su elección… Piensen en nosotros, los enfermos y no en los “enchufados”. 

viernes, 4 de septiembre de 2015

Exoneran a López Rosas del delito de encubrimiento en el caso de los normalistas asesinados en 2011



*El Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo dejó “insubsistente” la acusación contra el ex procurador

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Sur Periódico de Guerrero

El Juzgado Primero de Distrito dejó “insubsistente” la acusación por el delito de encubrimiento que tenía en su contra el ex procurador de Justicia Alberto López Rosas, por el desalojo violento de policías federales y estatales que tuvo como resultado el asesinato de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 12 de diciembre del 2011.

Dicho juzgado resolvió el 28 de agosto pasado el amparo 176/2014, promovido por López Rosas contra la resolución de plazo constitucional emitida el 11 de febrero del 2013 bajo la causa penal 09/2012 en su contra por su probable responsabilidad en los delitos contra la administración de justicia y encubrimiento.

El documento establece que con el fallo se “resuelve la situación jurídica” de López Rosas y que con ello se cumple la ejecutoria de amparo que éste promovió ante el primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Primer Circuito con sede en Acapulco.

Al no haberse acreditado el delito de encubrimiento, “lo procedente es que se declare la inmediata libertad por falta de elementos” a López Rosas, dice la resolución.

En los antecedentes se establece que el 22 de febrero del 2012 se dictó orden de aprehensión contra el ex procurador, que no fue cumplida porque el 14 de marzo se presentó ante el juzgado federal con una una suspensión provisional concedida en el juicio de amparo 219/2012 por el Juez Sexto de Distrito.

Ese mismo día el Juzgado recibió su declaración preparatoria y el 20 de marzo le dictó formal prisión por delitos contra la administración de justicia y encubrimiento.

Sin embargo, el 26 de marzo y 3 de abril, López Rosas solicitó un amparo contra la resolución de plazo constitucional del 20 de marzo, petición que por acuerdos del 26 de marzo y 3 de abril le fue admitida para dar curso al juicio de garantía en el Juzgado Séptimo de Distrito que asignó los números de amparo 449/2012-IX y 490/2012-IX.

Dicho Juzgado dictó sentencia el 7 de septiembre y ordenó dejar insubsistente el acto reclamado, resolución con la que se inconformó el agente del Ministerio Público de la Federación y el propio quejoso puso un recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito que asignó el amparo en revisión penal 376/2012.

Asimismo, el 31 de enero del 2013 el órgano colegiado resolvió el auto en el que modificó la resolución impugnada, ordenando dejar insubsistente el auto de plazo constitucional de fecha 20 de marzo del 2012; en ella resolvió: “La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Alberto López Rosas, respecto de los actos reclamados al Juez Primero de Distrito en el Estado, por las razones precisadas en el último considerando de esta ejecutoria”.

La resolución fue notificada al Juzgado Primero de Distrito para dejar insubsistente la resolución de plazo constitucional del 20 de marzo del 2012, “pronunciada en la causa penal instruida contra Alberto López Rosas por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos contra la administración de justicia y encubrimiento”.

Sin embargo, el ex procurador volvió a interponer un juicio de amparo indirecto contra el auto de plazo constitucional del 11 de febrero del 2013, mismo que fue radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito bajo el número 162/2014 y que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito de Acapulco, bajo el amparo en revisión penal 176/2014.

Al respecto el 7 de agosto del 2015 el citado órgano colegiado resolvió revocar la resolución impugnada, ordenando dejar insubsistente el auto de plazo constitucional de fecha 11 de febrero del 2013, en los siguientes términos: “La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Alberto López Rosas respecto de los actos y autoridades que han quedado precisados en el resultado primero de este fallo”.

La resolución fue comunicada al Juzgado Primero de Distrito para dejar insubsistente la resolución del 11 de febrero del 2013 en la causa penal contra López Rosas por su probable responsabilidad penal en la comisión del ilícito de encubrimiento, instancia que decretó su inmediata libertad por falta de elementos para procesar bajo reserva de ley.

Dicho Juzgado estableció: “por tanto, en estricto cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, esta autoridad jurisdiccional emite de nueva cuenta la resolución de plazo constitucional en el sentido siguiente: “Esta autoridad judicial deja insubsistente la resolución de plazo constitucional del 11 de febrero del 2013 emitida contra Alberto López Rosas por su probable responsabilidad en la comisión del delito de encubrimiento”.

Se señala, asimismo, que esta resolución tiene por objeto resolver
la situación jurídica de Alberto López Rosas, quien es incriminado por el delito de encubrimiento, y agrega: “dado que el Tribunal Colegiado que emitió la ejecutoria ordenó dejar insubsistente el auto de plazo constitucional del 11 de febrero y decretar la inmediata libertad de Alberto López Rosas por falta de elementos para procesar, bajo reservas de ley, al considerar que no se acredita el elemento del delito de encubrimiento, esta resolución versará en lo subsecuente sobre los lineamientos establecidos en la ejecutoria”.

Antecedentes

La acusación contra López Rosas se derivó del desalojo violento de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que dejó dos muertos, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, por policías federales y estatales el 12 de diciembre del 2011, al sur de la ciudad.

Por esos hechos se integró la averiguación previa BRA/SC/06/2743/2011 en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Chilpancingo, por los delitos de homicidio por arma de fuego y los que resulten en agravio de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús y en contra de 12 funcionarios y policías judiciales (hoy ministeriales) de la Procuraduría de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado).

En la averiguación previa también se recibieron las declaraciones de los 24 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que fueron detenidos el mismo día del desalojo, por el delito de ataques a las vías generales de comunicación, pero que luego fueron puestos en libertad debido a que nadie se presentó a presentar denuncia en su contra.

También por esos hechos el 8 de febrero del 2012 con base en la averiguación AP/PGR/DGCAP7ZNE/-VIII/114A/2011 el agente del Ministerio Público federal realizó el pliego de consignación correspondiente a efecto de que el juez de la causa en turno ejercitara acción penal contra Alberto López Rosas, entre otros inculpados, “por la probable comisión de los delitos contra la administración de justicia y encubrimiento”, relacionados con la integración de la primera averiguación previa del fuero común.

Pero el Tribunal Colegiado estimó que no se acredita el elemento del delito de encubrimiento “habida cuenta que no se advierte que el inculpado haya desviado la averiguación previa AP/PGR/DGCAP7ZNE/-VIII/114A/2011, pues con motivo de la facultad de atracción de la averiguación previa BRA/SC/06/2743/2011 que solicitó la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR el 15 de diciembre del 2011, el agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Fiscalía Especializada en la investigación de Delitos Graves de la Procuraduría General de Justicia del Estado, remitió todas las constancias que integran esta ultima indagatoria, “así como los artefactos bélicos, objetos, vestimentas que fueron motivo de aseguramiento e informó que estaban a su disposición en el área de seguridad 10 de los inculpados (por el delito de homicidio de los dos estudiantes), a fin de que resolviera su situación jurídica”.

El expediente agrega: “Además consta que por los hechos del 12 de diciembre el propio titular de la Agencia del Ministerio Público federal inició la averiguación previa AP/PGR/DGCAP7ZNE/-VIII/114A/2011 por la probable comisión del delito de ataques a las vías generales de comunicación, es decir, el agente del Ministerio Público federal nunca estuvo condicionado a que el Ministerio Público del Fuero Común remitiera la indagatoria BRA/SC/06/2743/2011 que se inició por la comisión del delito de homicidio para que procediera a integrar la indagatoria del fuero federal”.

Por otra parte, el Tribunal Colegiado estableció que tampoco se considera que el inculpado haya desviado la averiguación previa AP/PGR/DGCAP7ZNE/-VIII/114A/2011 por el delito de ataques a las vías generales de comunicación por el hecho de que en la averiguación previa BRA/SC/06/2743/2011 se haya dejado en libertad provisional bajo reservas de ley a los 24 estudiantes detenidos el día de los hechos, “porque esa libertad provisional bajo reservas de ley fue decretada en términos del artículo 70-A del Código de Procedimientos Penales del estado por la agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Fiscalía Regional de la zona Centro, Gloria Rocío Cruz Méndez, en virtud de que no se hizo ninguna imputación en contra de los inculpados, por tanto, era evidente que no podía retenerlos por más de 48 horas, como lo establece la ley”.

El Colegiado también estimó que es al MP federal a quien corresponde la carga de la prueba y acreditar los elementos para la consignación y el ejercicio de la acción penal.