Palabras Mayores
Por Jorge Romero Rendón
De acuerdo con datos oficiales del gobierno federal, se
contabilizaron 22,322 casos de personas desaparecidas en México, de los que
casi 5 mil se registraron en Tamaulipas, mientras que Guerrero ocupa el lugar
14 a nivel nacional, como parte de una geografía terrorífica que incluye a
TODOS los estados del país y al Distrito Federal, por causas ligadas
principalmente a la violencia del crimen organizado y a una de sus vertientes,
la trata de personas.
De acuerdo con los expertos del gobierno, las bandas criminales
mexicanas evolucionaron de ser promotoras del miedo mediante ejecuciones
sangrientas ejemplares, difundidas para disuadir a sus competidores, evitar
traiciones y enseñar lo que podría sucederle a quienes no acepten cooperar con
ellos, a esconder el destino de sus víctimas… desapareciéndolas.
Los estados con mayor cantidad de desaparecidos son cinco:
Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Distrito Federal y Coahuila, que suman
por sí solos la mitad de esos casos (casi 12 mil). Mientras que Guerrero tiene
registrados 406 casos acumulados desde el gobierno anterior de Zeferino
Torreblanca al actual. A la vez que el presidente Enrique Peña Nieto dejó de su
gubernatura en el Estado de México 1,554 casos pendientes de desapariciones.
En ese marco, y luego de conocerse casos como el exterminio
de pueblos enteros, como el de Allende, en Coahuila, donde no quedó ninguno de
sus 300 habitantes, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, según reportaje
difundido en redes sociales por el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja,
queda la pregunta del ¿por qué se ha permitido que ocurran tantos casos de
desapariciones forzadas, sin que las autoridades haya reportado la solución de
alguno de esos casos -22,322- en el país?
El tema es horrible y triste a la vez porque estamos
hablando de personas de carne y hueso, con familias, con hijos, padres o
hermanos, que dejaron un vacío tremendo a su alrededor, sin que nadie sepa su
paradero, o de si están vivos o muertos –aunque aseguran criminales que todo
desaparecido está muerto o trabaja para ellos de algún modo-, y ese vacío se ha
convertido ya en parte de la historia y de la cultura de la violencia que hemos
tenido que asumir a pesar nuestro.
¿De verdad están luchando por los desaparecidos o por intereses políticos…?
Por lo que, obviamente, el caso de los 43 desaparecidos de
Ayotzinapa está dejando también una estela de pesar, de desconsuelo, de
indignación e impotencia entre la población. Pero ¿por qué ahora se ha
despertado tanta preocupación y se ha movilizado tanta gente por los
normalistas en Guerrero, en México y en el extranjero?
Y la respuesta inicial es doblemente política: Primero,
porque se sabe ciertamente –y así lo confirmó ayer la Procuraduría General de
la República- que los que mataron a seis civiles, y desaparecieron a 43
normalistas fueron policías municipales de Iguala y de Cocula, que estaban al
servicio de sicarios del crimen organizado, que se los llevaron con rumbo
desconocido.
Lo que indigna es que se trata de policías y de que estos
hayan servido a intereses criminales, y que el propio alcalde igualteco, su
esposa y el jefe de Seguridad Pública hayan sido los autores intelectuales de
esas muertes y desapariciones, como miembros activos del grupo criminal
responsable… y porque pudieran quedar impunes. Algo de lo que los mexicanos
estamos hartos…
Y segundo, porque los normalistas de Ayotzinapa forman parte
de un colectivo organizado, con amplia capacidad de movilización, que cuenta
además con alianzas con organizaciones radicales como la CNTE-CETEG y afines, e
incluso con grupos clandestinos, que actúan de forma coordinada para crear un
ambiente desestabilizador con el claro objetivo político de debilitar y
cobrarle facturas pasadas –la Reforma Educativa, por ejemplo- al gobierno de
Ángel Aguirre Rivero.
La suma de estos factores, además del puramente humanitario,
es lo que ha llevado a los cetegistas a ganar la vanguardia de las acciones más
violentas, con apoyo y liderazgo de los dirigentes oaxaqueños de la CNTE, para
crear un ambiente de supuesta revuelta social para consumo de los medios de
comunicación nacionales y extranjeros que parecen ir tras la sangre y la
violencia para mantener el tema del caso Iguala en las primeras planas.
Lo malo es que en su empeño de provocar la caída del
gobierno aguirrista, los cetegistas, normalistas y sus aliados están creando un
clima de temor entre la población, y de pérdidas a las actividades económicas y
educativas, ya que en estas tres semanas y media de conflicto se han perdido
muchos días de clases, se han retrasado labores de gobierno y han tenido que
cerrar por largos períodos muchos negocios, sin ninguna necesidad.
Porque dar la pelea contra un gobierno constitucional y que
aún cuenta con apoyo ciudadano real –lo reflejan las encuestas- NO es de
ninguna forma un recurso lícito para reclamar la aparición con vida de los 43
normalistas desaparecidos. Porque No tiene por qué pagar la sociedad ni el
gobierno estatal por los delitos federales cometidos por criminales.
Y en todo caso, manteniendo la esperanza de que los 43
jóvenes regresen con vida a sus familias, lo que deberíamos preguntarnos como
sociedad ¿por qué no hemos actuado para que las autoridades federales respondan
por los 22,322 desaparecidos que se han registrado en México? ¿Por qué nadie
reclama por los cadáveres encontrados en las fosas de Iguala?
¿O qué, solo nos duelen los más recientes desaparecidos
porque tienen quién se movilice por ellos? ¿ o en el fondo todo es para que
caiga un gobierno? ¿Y los gobiernos de los otros 31 estados que registran miles
de desapariciones forzadas? ¿Quién se movilizará para reclamar justicia y
buscar a esos miles de personas anónimas que parecen no haberle importado a
nadie hasta ahora…?
Correo electrónico: rendon59@gmail.com