martes, 16 de junio de 2015

“Tontos útiles”, la estrategia del PRI para gobernar Guerrero


Por Jeremías Marquines

Al concluir la jornada electoral del 7 de julio, el panorama es más claro, ahora puede verse a detalle el guión estratégico que desde el gobierno federal se escribió para que el PRI lograra hacerse del gobierno de Guerrero. cuatro factores definieron “el triunfo electoral” de Héctor Astudillo: la tragedia de Iguala, siete meses antes de las elecciones; un gobierno estatal sometido a los dictados de Peña Nieto; la pulverización del voto de izquierda; y la intervención de los poderes fácticos.
Lo más extraño y paradójico de la elección en Guerrero es que mientras en los últimos siete meses, familiares de los normalistas desaparecidos y demás grupos antisistémicos han repetido insistentemente que fue el Estado el que desapareció a los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, haya sido el partido del Estado (PRI), el que ganó la elección en esta entidad.
Durante sus protestas, en México y el extranjero, los familiares de los normalistas no aceptaron que hubiera sido el ex alcalde de Iguala o el crimen organizado los únicos responsables de esa desaparición forzada, por lo contrario, siempre culparon al gobierno federal de Peña Nieto, o sea, al Estado mexicano. Es cierto que el PRD tiene una tangencial responsabilidad en estos hechos por haber designado alcalde a José Luis Abarca, pero hasta la fecha, aún persiste la duda si realmente fue él quien ordenó la desaparición de los muchachos, su esposa o alguien más. Incluso, entre los círculos policíacos se habla ya un acuerdo al que habían llegado Abarca y su esposa con el gobierno federal, pues hasta la fecha no hay una declaración incriminatorio de ambos para ser procesados por desaparición forzada. La investigación de este caso sigue en la tenebra. Desde el gobierno federal no hay respuesta alguna a la demanda de que aparezcan los normalistas.
Como haya sido, posiblemente tampoco nunca se sepa bien, lo cierto es que la tragedia de Iguala le cayó al PRI como anillo al dedo. Para derrotar la hegemonía del voto de izquierda en Guerrero sólo hacía falta culparlo de algo lo suficientemente grave para quitarle todo reducto de calidad moral. Una calidad, hay que decir, que ya estaba muy mermada. El PRD era el partido que siempre había señalado actos de abusos de autoridad, desaparición forzada, impunidad, y asesinatos políticos, ahora todo eso lo tenía en contra.
Entre sus filas, el PRD tenía a diputados que habían apoyado la huída de Abarca, a un gobernador mega corrupto como lo fue Ángel Aguirre; a personajes que habían envilecido el ejercicio público, y a un partido nadando en la impunidad y la corrupción. El PRD había perdido la autoridad moral y política que alguna vez tuvo cuando todos sus integrantes eran pobres y no habían probado el poder; por sí mismo estaba moralmente disminuido, pero eso no era suficiente para hacerlo perder, tenía que haber algo más.
Uno de las preocupaciones electorales del gobierno federal, y sobre todo, de Salinas de Gortari, era la recuperación de Guerrero. En los planes de la próxima sucesión en 2018, este estado juega un enorme papel electoral y simbólico. Guerrero era un reducto de votos para la oposición, y su activismo social que en cualquier momento puede hacer cimbrar al país, representa un riesgo tanto a Peña como para la próxima sucesión, donde López Obrador o Mancera compitan por las siglas opositoras. Entonces, lo mejor era desmantelar con tiempo ese riesgo. Instalar allí a un gobernante priísta que siga conteniendo durante los siguientes dos años los problemas por la desaparición de los normalistas, el activismo de la CETEG y los grupos de la policía comunitaria, hasta que se desgaste y sea relevado por la actual secretaria de Turismo federal, Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Salinas de Gortari, el que planificó el plan para recuperar Guerrero.
No obstante, contrario a lo que se cree, la tragedia de Iguala no hizo perder al PRD, eso sólo representó en términos electorales un daño mínimo, sobre todo, porque los votos del PRD, en su mayoría, quedaron intactos. Así, mientras en la elección de 2005, el PRD logró 589 mil 074 votos en alianza con Convergencia, el PRI obtuvo 45 mil 894 en alianza con el PT y el Verde.
En la elección del 2011, el PRD fue en alianza con el PT y Convergencia, en esta elección se le sumó un segmento del priísmo, y el PAN asumió a Ángel Aguirre como candidato de facto, todo eso representó una suma de casi 100 mil votos más que lo logrado en 2005. Por su lado, el PRI, en alianza con el PVEM y PANAL, también incrementó su votación, Manuel Añorve logró 514 mil 448 votos.
En 2015, el PRD, solo con el PT, un partido que cada vez tiene menos votación, lograron sacar 386, 064 votos, pero si a estos votos se le suman los que se dispersaron entre Morena, Partido Humanista, Partido Encuentro Social, Partido de los Pobres, donde votaron gentes que regularmente no vota por el PRI, pero que sí lo hace por una opción de izquierda, la suma total llegaría a 534 mil 392 votos, casi los mismos que el PRD sacó en la elección de 2005.
Así pues, en términos exactos, la culpabilidad que le intentaron enjaretar al PRD por tragedia de Iguala no logró bajarle votación, ni siquiera la guerra sucia emprendida por Luis Walton para apoyar al priísta Astudillo, sino la estrategia de pulverización del voto aplicada desde el gobierno federal al impulsar partidos emergentes que terminada la elección serán liquidados, pues ya cumplieron su cometido.
¿Cómo sí influyó el factor Iguala en la elección? La tragedia de Iguala fue aprovecha y alimentada por la deliberada ineficacia del gobierno federal, para dar respuesta a los padres de los desaparecidos, para generar la sensación de caos, fragilidad de la paz, y desorden de gobierno en Guerrero. Esos factores fueron integrados en el slogan que usó el PRI: “orden y paz”. Así, generada la percepción de caos y de no paz, el mensaje priísta coincidió con lo que la gente estaba percibiendo mediáticamente.
La otra ayuda involuntaria provino del gobierno estatal donde un gobernador políticamente inexperto fue embaucado por Peña Nieto. Rogelio Ortega pensó que el gobierno federal era su aliado cuando en realidad sólo lo utilizó como un delegado más para que medio administrara el caos que el propio gobierno federal había creado. De esta forma, fue el gobierno sustituto de Ortega, que luego fue interino, el que asumió perceptiblemente todo el daño.
En las encuestas la gente reprobó el gobierno de Ortega al que le daba una calificación risible. Incluso, hay muestreos donde la percepción del ciudadano es que el responsable de todo el caos, y la falta de paz es del gobierno estatal. Al no marcar distancia del gobierno federal y responsabilizarlo de lo ocurrido en Iguala, como originalmente lo han hecho los padres de los normalistas, el gobierno de Rogelio Ortega asumió los efectos y se los transfirió involuntariamente al PRD, pues en la mente de la gente el gobierno de Ortega sigue siendo un gobierno del PRD. No por otra cosa, el PRI de Héctor Astudillo centró lo último de su estrategia en acusar con grabaciones bobas al gobierno de Rogelio Ortega de que apoyaba a la candidata del PRD, grabaciones donde las conversaciones que ahí se escuchan son absurdamente inocuas pero que el PRI vendió como si fueran algo deleznable por lo que había que indignarse. El asunto no eran las grabaciones, pues ninguna configura un delito, sino reforzar la idea de que el gobierno de Ortega, gobierno del PRD, es corrupto, y estaba usando recursos del estado de manera indebida a favor de la candidata perredista. Así pues, sin querer, ni saber, el gobierno de Rogelio Ortega fue actor importante en el guión que dejó sin gubernatura al PRD. En la jerga política se llama a esta estrategia el recurso del tonto útil.
Por último, y para que la pinza apretara con más fuerza, está el pacto del PRI y el gobierno federal con los poderes fácticos de Guerrero. Como en los viejos tiempos, se volvió a echar mano de los cacicazgos regionales del crimen para ganar una elección. Por esta razón no resulta extraño que a mitad de la campaña hayan crecido las denuncias de intimidación contra candidatos: asesinatos, secuestros de algunas horas y levantones que a una o dos semanas de las votaciones cesaron de pronto. Pero el daño quedo hecho, la sensación de inseguridad, de fragilidad de la paz, de empoderamiento del crimen, y el caos, predominó en la mente de los electores. Lo que vino después, es algo que aún está por confirmarse, la coacción de grupos criminales a votantes y a líderes del PRD para impedirles movilizar el voto a favor de su candidata, pero eso será parte de la impugnación que presente, si es que la presenta, Beatriz Mojica Morga.

México, país sin ley: Financial Times

                 Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo.  Foto: Octavio Gómez



MÉXICO, D.F. (apro).- El diario británico ‘Financial Times’ dio a conocer los resultados de un reporte sobre el índice de seguridad de México en el que sostiene que la ley en el país es letra muerta.

Elaborado por su servicio de investigación Medley Global Advisors, el rotativo inglés subraya que “la intimidación electoral es sólo el comienzo de los problemas del ‘Estado de Derecho’ que abarcan los secuestros, el narcotráfico, la guerra de pandillas, la corrupción y las instituciones débiles.

Titulado, “Crimen y castigo: México sufre el costo de ser un país sin Ley” o “falto de Ley””, el informe menciona que “el crimen y la violencia están levantando llagas que desfiguran lo que sería una imagen positiva de la reforma audaz y, con el tiempo, un mayor crecimiento potencial”.

Por ejemplo, cita el caso del proceso electoral del pasado domingo 7, que se vio “empañado” por más de 70 ataques violentos contra candidatos o su personal.

Esos problemas, añade, se distribuyen en todo el país y afectan tanto “al norte más desarrollado como el sur más pobre”, y los estados con mayor riesgo, apunta, representan por sí solos casi un quinto de la producción nacional.

Según el reporte, basado en indicadores de homicidios, secuestros y extorsiones, así como en variables cualitativas, como la debilidad de las instituciones y la presencia de los cárteles de la droga, las entidades con el mayor riesgo de seguridad son: Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.

En la nota firmada por Dan Bogler, el ‘Financial Times’ menciona que las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) “sugieren que la lucha contra la delincuencia y la violencia le cuesta al país un considerable 3.2% del PIB al año, lo cual proviene de las pérdidas directas y tal vez de un tercio de la costo de la prevención”.

La mayor parte de esa carga, subraya, recae en el sector privado y de manera desproporcionada en las empresas más pequeñas que les resulta más difícil soportar los costos adicionales de seguridad.

En contraste, el gobierno gasta relativamente poco en la lucha contra el crimen y está lejos de adoptar los costos.

“Sin embargo, la presión para que el presidente Enrique Peña Nieto haga algo está incrementando. Su popularidad se ha desplomado como lo ha hecho su ambicioso programa de reforma estructural para reactivar la economía, mientras que los escándalos personales están socavando su capacidad para gobernar con eficacia”.

No obstante, apunta, hay una buena noticia, y es que “los problemas de seguridad de México no parecen disuadir la inversión extranjera directa. “La mayoría de las multinacionales consideran la necesidad de proteger al personal y las cadenas de suministro”.

Según el diario, una encuesta de la Cámara Americana de Comercio de México mostró que los inversores internacionales asignan alrededor de 4% de los costos de operación a la seguridad.


“Lo más importante es que es poco probable que la seguridad desanime a las compañías petroleras mundiales que están siendo invitados a medida que el país finalmente privatiza algunos de sus recursos energéticos”, refiere.