OPINIÓN
Por Ana María Salazar El Financiero
¿Qué más tiene que suceder en Guerrero para que el
presidente Peña se decida a nombrar a un comisionado para la seguridad y el
desarrollo integral del estado como lo hizo hace un año para Michoacán?
¿Drástico? Sí.
¿Necesario? También. ¿Debilita la capacidad del gobernador
Ángel Aguirre? Pero creo que hay que hacer la pregunta fundamental para
entender cuál será el futuro del estado: ¿puede gobernar Guerrero Ángel
Aguirre?
Por lo menos ya pidió licencia el edil de Iguala, José Luis
Abarca Velázquez, pero es difícil imaginar que el único recurso que tendrá el
presidente municipal es enfrentar un juicio político o renunciar, ya que la
noche en que estaban masacrando a seis pobladores, incluyendo a estudiantes de
Ayotzinapa, no fue ni siquiera capaz de mentir y decir que estaba en su casa
leyendo un libro o viendo televisión. No, en un acto de honestidad bruta
admitió que mientras torturaban y degollaban a un estudiante, él estaba en “un
baile”. Pero recordemos que no es la primera vez que funcionarios guerrerenses
estuvieron enfiestados durante eventos críticos afectando al estado. ¿Recuerdan
la incompetencia de la reacción del gobernador y su equipo, que también los
agarraron en la fiesta, ante los huracanes Manuel e Ingrid, hace un año?
Hasta agosto de este año, el Estado de México y Guerrero se
posicionan como las entidades federativas más violentas del país. Las cifras
son contundentes, mil 324 homicidios dolosos en el Estado de México y mil 29
para Guerrero.
Aunque los homicidios en Guerrero disminuyeron
considerablemente en comparación con el mismo periodo de 2013, aún se encuentra
disputando el primer lugar en violencia en el país.
Todavía no se tiene toda la información, pero es difícil
comprender por qué policías municipales dispararon contra estudiantes de
Ayotzinapa, quienes habían secuestrado tres autobuses, actividades que ya
habían sucedido antes, pero en este caso resultó en la muerte de tres jóvenes
–uno de ellos con brutales signos de tortura–. Esa misma noche en la carretera
federal Iguala-Chilpancingo, sujetos armados dispararon contra autobuses donde
viajaban los estudiantes normalistas, las balas alcanzaron al autobús de un
equipo de futbol y dos taxis. Un jugador, el chofer y una mujer fallecieron.
Esa noche los habitantes de esa región literalmente vivieron eventos que se
asemejan a un país en situación de guerra.
Pero el “problema” de Guerrero lleva décadas. Y al igual que
Michoacán en su momento, fue fácil ignorar los focos rojos, los derrames de
sangre, la descomposición política y social ante la presencia de grupos del
crimen organizado, entre los más peligrosos del país, y movimientos sociales y
grupos armados, además de la marginación y la pobreza extrema, agravada por un
huracán que devastó el estado hace un año. Todo un coctel que, en este momento
parecería que se está desbordando y demostrando la falta de instituciones y la
incapacidad de gobernar.
También asesinaron, a plena luz del día, en un popular
restaurante en Acapulco, y ante su familia, al secretario general del PAN en
Guerrero. ¿Será esto el catalizador para que el gobierno federal y la clase
política hagan un llamado a que nombren a un comisionado o por lo menos a un
coordinador? Hay que hacer algo, y aunque a los gobernadores les incomoda la
figura del comisionado porque se percibe que el gobierno federal los quiere
hacer un lado por incompetentes (lo cual es cierto), también llega un momento
que el presidente tiene que intervenir en los “estados fallidos”.
Propongo que los factores que deberían de considerarse para
definir si se envía un comisionado a un estado sean los siguientes:
1. ¿Tiene capacidad de gobernar y reaccionar en situaciones
de crisis el Ejecutivo estatal, especialmente ante emergencias? ¿O tiene
impedimentos que pueden ser desde una enfermedad, adicciones, escándalos
familiares o simple y llanamente alguna incapacidad intelectual o personal que
no le permite gobernar?
2. ¿Qué tan infiltrados [por el crimen organizado] están el
gobierno y los aparatos de seguridad estatal y municipal?
3. ¿Cuáles son la peligrosidad y capacidad bélica de los
grupos del crimen organizado, movimientos sociales o grupos guerrilleros? ¿Qué
impacto están teniendo en las fuentes de ingreso y en la economía del estado?
4. ¿Cuál es la situación política y si es posible llevar a
cabo elecciones?
5. ¿Qué tan importante es el estado para la economía
nacional y qué valor estratégico tiene en comparación a otros estados?
Como ven, a luz de estas interrogantes, Guerrero estaría
reprobando el examen y podría caer pronto en la categoría de ingobernabilidad.
Twitter: @Amsalazar

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